“El nuevo texto del proyecto del Real Decreto no tiene en cuenta la nueva Directiva comunitaria”, señalan desde la patronal. Y es que, según explican, en el texto que Bruselas aprobó el pasado mes de marzo “se establecía de forma imperativa que los centros e inspectores de ITV no tendrían ningún conflicto de intereses”.
Por eso no entienden que el Gobierno insista en liberalizar el servicio de inspección y que la novedad más significativa del texto, respecto al que el Ministerio de Industria emitió el verano pasado, sea la necesidad de que el centro de inspección sea autorizado por una Entidad Nacional de Acreditación (un proceso que deberán realizar antes de empezar con la actividad y que además deberán justificar de manera anual). “Hacen caso omiso a la Directiva aprobada por Bruselas hace apenas tres meses”, afirma Aeca-ITV.
“La liberalización del servicio”, continúa la patronal, “llevaría al sector a una desregularización que haría imposible garantizar el rigor de las inspecciones y el derecho de los usuarios a una inspección imparcial”.
Aeca-ITV enviará un escrito en los próximos días con alegaciones al proyecto de Real Decreto propuesto de nuevo por el Gobierno a Bruselas. La historia continúa.
