¿Ha llegado el hidrógeno verde para quedarse?

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España está dando pasos para impulsar una transición energética ordenada de la economía española, que será un elemento clave para liderar su crecimiento. Esto es importante ya que el pasado mes de mayo entró en vigor la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética (LCC), para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015.

Esta nueva norma, según un artículo publicado en el digital Cincodias.elpais.com, busca mejorar la eficiencia energética de la economía española y fija como objetivos básicos que la intensidad energética primaria mejore anualmente y que descienda la dependencia energética del país. A su vez, la ley impulsa una economía descarbonizada, que consuma principalmente fuentes de energía de origen renovable.

Entre los objetivos para el año 2030 que establece la norma se encuentran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final; lograr un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria.

La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética (LCC), establece que España deberá alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, de modo que el sistema eléctrico español esté basado exclusivamente en fuentes de generación de energía renovable.

Por un lado, dentro de esta norma, no se concederán nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos o de minerales radiactivos y fomento de la penetración de nuevos gases renovables. Mientras que sí se fomentará la penetración de gases renovables, incluyendo el hidrógeno renovable, el biogás, el biometano y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o que permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal.

Asimismo, se busca reducir las emisiones específicas de combustibles que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente en el sector del transporte aéreo, marítimo y pesado, mediante la integración de las energías renovables y la fijación por el Gobierno de objetivos de suministros alternativos en esta materia.

El hidrógeno verde: mucho camino por recorrer…

En este sentido, entre el sector de las renovables destaca el hidrógeno verde. De hecho, antes de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno (a propuesta de MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) aprobó en octubre de 2020 la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable’. Un plan que, según recoge Cincodías, identifica los desafíos y oportunidades para el desarrollo del hidrógeno renovables, con medidas para incentivar la inversión e impulsar el despliegue de este vector energético sostenible para posicionar a España como un referente en su producción.

Entre las ventajas que tiene el hidrógeno verde destacan que su producción y consumo es 100% neutral (climáticamente hablando) y que no genera emisiones contaminantes. Además, es capaz de almacenar energía que puede liberarse gradualmente. Cabe aclarar que el hidrógeno verde no es una fuente de energía primaria (como el agua, el sol o el viento) sino un vector energético, es decir, un producto que necesita de una aportación energética.

Sin embargo, todavía existen diversos retos que impiden el desarrollo, producción y utilización del hidrógeno verde, puesto que el coste de producción del hidrógeno renovable no puede competir en igualdad de condiciones con el de origen fósil. Además, el uso actual del hidrógeno verde como vector energético es mínimo, dada la diferencia de coste con respecto a otros combustibles y la falta de desarrollo tecnológico en sus usos finales.

Se estima que para alcanzar los objetivos nacionales que fija la Hoja de Ruta para el año 2030 será preciso invertir aproximadamente 8.900 millones de euros hasta 2030.

La Hoja de Ruta propone sesenta medidas dirigidas, entre otras cosas, a eliminar las barreras regulatorias que dificultan la producción, impulsar la aplicación del hidrógeno verde en la industria y en el transporte, apoyar a la I+D+i en el avance tecnológico y fomentar el apoyo institucional a los proyectos españoles sobre hidrógeno renovable para acceder a financiación europea.

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