Frente a los temores iniciales manifestados por AECA-ITV, la asociación que agrupa a las empresas concesionarias de las ITV, de que la liberalización implicaría que un taller se convirtiera en juez y parte, finalmente el borrador solo eliminaba las incompatibilidades expuestas en la norma actual, que impide a las empresas con vinculaciones en el automóvil (vendedores, reparadores o incluso transportistas) ofrecer este servicio. Ello significa que se mantiene la obligación de contar con una línea para turismos y vehículos comerciales ligeros (cuya inversión ronda los 100.000 euros), y otra para camiones y demás vehículos industriales pesados (el coste del conjunto ascendería entonces a los 2 millones de euros).
Las alegaciones presentadas por estas tres patronales, cuyo plazo de presentación expiraba el 10 de agosto, pretenden lograr que se autorice a los talleres abrir una única línea de inspección técnica de vehículos para turismos y furgonetas y eliminar, por tanto, la obligatoriedad de disponer de un equipamiento específico para camiones respetando, en cualquier caso, disposiciones como la separación física de la ITV y del taller.
