Entre los pasados días 4 y 6 de junio y los días 23 y 25 de julio de 2013, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) realizó una serie de inspecciones en algunas de las empresas fabricantes y de importación de automóviles más importantes en España con el objetivo de investigar aquellos indicios que apuntaban a que se podrían estar realizando “prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos a motor”.
Volkswagen, Audi y Seat (que pertenecen al mismo grupo), Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel, Renault, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, Kia y Peugeot-Citroën, así como a Urban Science España (consultoría especializada en el rendimiento de las redes de distribución de automóviles) y Snap-on; son las empresas investigadas.
La dirección de Investigación de la CNC recabó información en las sedes de las asociaciones de concesionarios de Volkswagen, Audi y Skoda (Acevas), Seat (Ancosat), Opel (Ancopel) y Ford (Acoford), así como en Faconauto, la patronal que los representa y en diversos concesionarios, así como en las sedes de Nissan, Renault, Toyota y Snap-on, y tras analizar la documentación encontrada observó “indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
Dado que estas conductas anticompetitivas se consideran como infracciones muy graves, la sanción podría ascender hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas en el ejercicio anterior al de imposición de la multa. El CNC deja abierta, sin embargo, la posibilidad de ver reducida o condonada la multa a las empresas que colaboren con la investigación aportando pruebas de la existencia de este cártel.
A partir de ahora, se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción de estos expedientes.
