Se trata de una orden impuesta desde finales de enero por el Gobierno luso que prohíbe la circulación de los coches afectados por el ‘dieselgate’ que no han pasado por el taller para ser reparados de forma gratuita, con cargo al constructor alemán.
Según publica la vozdegalicia.es, el Instituto de Movilidad y Transportes (IMT) portugués ha afirmado que “los vehículos para los que existe una solución técnica aprobada por el KBA (regulador alemán) y que, tras ser llamados a revisión para ser reparados, no se sometieron a la rectificación en los plazos fijados se considerarán en situación irregular”.
En definitiva si el dueño del coche se niega a arreglarlo, el vehículo quedará impedido para circular legalmente por la vía pública, y se le incautará la documentación.
A diferencia de Portugal, en España no es obligatorio llevar a reparar aquellos coches afectados por el ‘dieselgate’, porque el arreglo, que también es gratuito, es voluntario, y la última palabra la tiene el propietario.
Aun así es ir al taller es la opción elegida por el 70 % de los usuarios españoles afectados por el escándalo, mientras que un 10% han optado por denunciar a la multinacional alemana. Sigue habiendo muchos usuarios que han optado por no actualizar el software amparándose en una encuesta de la OCU que determina que el 45 % de los propietarios que acudieron a la revisión notaron cambios a peor.
