La Guardia Civil ha desarticulado una red de desguaces ilegales especializada en la gestión irregular de vehículos industriales de gran tonelaje, en el marco de la denominada Operación Dilanio. La actuación se ha saldado con la clausura de tres instalaciones clandestinas en Canarias -en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote- y con la investigación de ocho personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.
La investigación, desarrollada por el SEPRONA de Las Palmas, se inició tras la detección de una instalación no autorizada ubicada en suelo rústico protegido, donde se localizaron 44 vehículos pesados completos o semidesguazados. Estos camiones procedían formalmente de desguaces legalmente constituidos, que tramitaban las bajas administrativas y emitían la documentación medioambiental necesaria, mientras que el tratamiento real de los vehículos se realizaba fuera de los circuitos autorizados.
El foco de la trama se situó en un desguace de la Comunidad de Madrid, al que una importante empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos con el objetivo de proceder a su baja definitiva y correcta descontaminación. Sin embargo, según la investigación, estos vehículos eran revendidos como chatarra y derivados posteriormente a instalaciones clandestinas en Canarias, donde se falsificaban los certificados medioambientales para aparentar una gestión conforme a la normativa.
Impacto en el medio ambiente
Las instalaciones ilegales, que ocupaban una superficie conjunta superior a los 40.000 metros cuadrados, operaban bajo la cobertura documental de centros autorizados situados en polígonos industriales. Parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o con tratamientos incompletos, lo que permitió a la red reducir costes y obtener beneficios económicos significativos al margen de la ley.
Uno de los aspectos más graves detectados por el SEPRONA ha sido la liberación incontrolada de gases fluorados durante los procesos de desguace, procedentes principalmente de sistemas de climatización. Según la Guardia Civil, la red habría manipulado más de 10.000 vehículos en los últimos cuatro años, generando un impacto ambiental equivalente a unas 1.500 toneladas de CO₂.
