La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han finalizado una extensa investigación -bajo el nombre de operación Casinos-Brulajo- desarrollada durante más de un año que ha permitido desarticular una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional, según informa Fetransa.
La trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el almacenamiento en España, las empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor. “Dirigida desde países de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la costa mediterránea, la organización se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas”, señalan.
Durante la fase de explotación de la operación, se registraron cuatro ‘gasocentros’, tres de ellos en Valencia, concretamente en las localidades de Xativa, Paterna y Silla, y otro en Murcia, todos ellos clandestinos, quedando desarticulados tras la operación. Así, se procedió al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles.
Durante la operación, los investigadores detectaron que la organización criminal adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarburos para la automoción “modificados en su composición técnica para evitar los controles fiscales comunitarios”, y los vendía finalmente en las estaciones de servicio conocidas como de ‘marca blanca’ o ‘low cost’. En total se han localizado más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización.
Con esta actividad delictiva, el beneficio fiscal era doble: por un lado, el impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto; por otro, la falta de ingresos a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.
“Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros”, aseguran. La red disponía, asimismo, de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España. La investigación ha permitido identificar diez ‘gasocentros’ clandestinos que distribuían el producto por toda la geografía española.
Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, las acciones de la trama ocasionaban “un perjuicio para la libre competencia” y “un fraude al consumidor final”, señalan desde la federación. Y es que, continúan, “los precios de venta del producto eran sensiblemente inferiores al precio de mercado, dificultando enormemente la competencia de otras estaciones de servicio que ya de por sí se estaban viendo afectadas por la caída de actividad derivada de la pandemia”.
Un producto nocivo para los motores
En lo relativo al fraude al consumo, por su composición este hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías de calidad, por lo que su uso continuado en vehículos podría llegar a producir daños importantes en los motores. “El hidrocarburo modificado que la red introducía procedente de países del Este incumplía la normativa tributaria e industrial española”, asegura Fetransa.
De esta forma, se recibía inicialmente en las instalaciones de la organización, y desde allí era distribuido a estaciones de servicio no abanderadas mediante transportistas de hidrocarburos nacionales, precisamente para separar -y con ello ocultar- la relación entre los camiones extranjeros que traían el producto hasta España y las estaciones de servicio ‘low cost’ que lo vendían al consumidor final. Por este mismo motivo, añaden, “la organización tenía establecida una extensa red de empresas pantalla y centros de distribución para ocultar el origen ilícito del producto”.
Por el momento, han sido detenidas 22 personas de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina. Del mismo modo han sido objeto de la investigación otras 200 personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.
