El nuevo Plan Social para el Clima (PSpC), impulsado por el Gobierno y actualmente en audiencia pública, abre la puerta a un esquema de ayudas a la renovación de flotas que podría tener impacto directo en el transporte de mercancías, especialmente en el segmento de camiones y vehículos pesados de pequeñas empresas, aunque con un alcance muy delimitado y condicionado.
El programa, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se enmarca en el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea y moviliza 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032. De esa cantidad, 4.376 millones se destinan al ámbito del transporte.
Hasta el 100% del sobrecoste
La parte más relevante para el sector del vehículo industrial se concentra en el bloque de descarbonización del transporte por carretera. Según el documento sometido a información pública, este eje prevé ayudas específicas por valor de 846,2 millones para la renovación de flotas de vehículos pesados en microempresas consideradas vulnerables, con subvenciones que podrían cubrir hasta el 100% del sobrecoste asociado a la sustitución por vehículos eléctricos.
El diseño del plan incluye también incentivos para el achatarramiento de vehículos antiguos, así como apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por parte de autónomos y pequeñas empresas (642 millones), lo que extiende el alcance a furgonetas y vehículos de reparto. A ello se suma una partida de 400 millones para la instalación de puntos de recarga en instalaciones empresariales, uno de los cuellos de botella actuales para la electrificación del transporte profesional.
En paralelo, el plan contempla la electrificación de flotas de transporte público urbano y medidas de apoyo a la movilidad en entornos rurales mediante servicios a demanda y soluciones compartidas, aunque estos ámbitos quedan fuera del núcleo de transporte de mercancías.
Acceso muy restringido
En la práctica, el esquema supone la posible reactivación de ayudas a la compra de camiones eléctricos, un ámbito en el que el sector venía reclamando continuidad tras la desaparición de programas específicos equivalentes en los últimos ejercicios. Sin embargo, el acceso no será generalizado: queda limitado a microempresas de menos de diez empleados, con facturación inferior a dos millones de euros y con elevada dependencia de combustibles fósiles.
El planteamiento introduce así un cambio de enfoque respecto a políticas anteriores, al centrar la financiación en la vulnerabilidad económica y no en una renovación masiva del parque de vehículos industriales. Esto deja fuera a buena parte de las medianas y grandes flotas, que no se consideran elegibles dentro del diseño actual.
El PSpC está todavía en fase de audiencia pública hasta el 29 de junio, por lo que su configuración definitiva podría introducir ajustes antes de su envío a la Comisión Europea.
