La mesa redonda ‘La descarbonización del transporte en Europa: ¿se necesita flexibilidad normativa?’, celebrada en el III Foro del Vehículo Industrial y el Autobús de Anfac, ha evidenciado un consenso político en el objetivo -la descarbonización-, pero no en el camino. El debate ha girado en torno a la necesidad de ajustar el marco regulatorio a la realidad del transporte pesado toda vez que los resultados están muy lejos de los esperados por el regulador.
Elena Atance, directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha defendido que Europa ha hecho una apuesta clara por la descarbonización «por la calidad de vida de los ciudadanos y la independencia energética”, pero ha advertido de la dimensión del reto: “Cuando fijamos objetivos hay que tener en cuenta la magnitud del cambio que se está impulsando”.
Por ese motivo ha defendido diferenciar por segmentos a la hora de establecer objetivos: “Tenemos que fijarnos objetivos que sean realistas, siendo más exigentes con sectores más sencillos de descarbonizar, como el transporte urbano, y más comprensibles con otros como la larga distancia”. Sobre la tecnología, señalaba que “hay que aprovechar todos los avances, desde biocombustibles hasta hidrógeno”, defendiendo la neutralidad tecnológica en un contexto donde la electrificación presenta barreras evidentes en el transporte pesado, desde la falta de infraestructuras hasta los costes o la atomización del sector.
No podemos decirle al sector «búscate la vida»
Raúl de la Hoz, europarlamentario del Partido Popular Europeo, ha elevado el tono crítico: “No es una cuestión de imponer un objetivo y decirle a la industria ‘búscate la vida’ bajo amenaza de multas”. Ha insistido en que el sector comparte los objetivos, pero no el enfoque: “No renunciamos a los objetivos de descarbonización, pero debemos hacerlo con sensatez, con diálogo y sabiendo de qué manera facilitamos a la industria alcanzar unos objetivos que también comparte. No he escuchado a ninguna empresa decir que renuncia a los objetivos de descarbonización; lo que nos dicen es que se sienten solos y con la amenaza constante de la administración”.
En clave de competitividad, ha defendido una política industrial más activa y el principio de reciprocidad frente a terceros mercados: “Podemos ser liberales, pero no ingenuos. Podemos defender el libre comercio, pero dar capacidad a nuestra industria y el establecimiento del principio de reciprocidad”. A su juicio, Europa compite en desventaja frente a una industria china “dopada”: “No estamos compitiendo en igualdad de condiciones”.
“Europa ha creído que con objetivos y sanciones era suficiente”
Desde la industria, Arancha García (Anfac) ha apuntado a un problema de enfoque: “Europa ha creído que con objetivos y sanciones era suficiente”. Aunque reconoce avances regulatorios, ha señalado la falta de una estrategia integral y la fragmentación derivada de dejar decisiones “al albur de los Estados miembro”.
Por su parte, la europarlamentaria Elena Sancho (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) ha introducido el factor social y económico: “La transición debe ser justa medioambientalmente, pero también con los trabajadores y viable económicamente”. Ha advertido de que rebajar objetivos no es la solución: “Sería más un freno que una ayuda”, y ha vinculado la competitividad a factores como el coste de la energía y el aprovechamiento de recursos propios: “Estamos en un momento en el que estamos sufriendo las consecuencias geopolíticas como la subida de la energía y en España tenemos que saber utilizar los recursos que tenemos, como el sol. Debemos tener en cuenta este factor y hacernos más fuertes. Eso nos va a hacer más competitivos”.
Desde el ámbito autonómico, Esperanza Aristu (Gobierno de Navarra) ha matizado que el marco normativo “ya ofrece flexibilidad”, al permitir adaptar políticas a la realidad territorial.
