El Tribunal Supremo inadmite los incidentes de nulidad “a la desesperada” planteados por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales, al entender que ha aplicado de forma correcta la legislación europea que prohíbe cualquier discriminación en la implantación de peajes a camiones. Según la decisión del Supremo -que no es recurrible-, la Diputación de Guipúzcoa carece de fundamento legal alguno para seguir manteniendo el cobro del peaje.
El pasado mes de mayo tanto la Diputación de Guipúzcoa como las Juntas Generales interpusieron sendos incidentes de nulidad contra el Auto del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad de la segunda Norma Foral que aprobaron en 2019 para tratar de salvar el cobro de los peajes a camiones en las carreteras guipuzcoanas.
Tal y como informa Fenadismer, la patronal que defiende los intereses de las empresas transportistas, dichos recursos judiciales se plantearon “a la desesperada” con el objetivo de retrasar su paralización, bajo la excusa de que el sistema de peajes establecido fue bendecido por la Comisión Europea, y que por ello el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso, según ambos recurrentes.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo -notificada el pasado mes de septiembre a las partes- establecía la previsible inadmisión de dichos recursos por improcedentes, lo que supone un nuevo “varapalo judicial” contra las dos instituciones guipuzcoanas. Así, el Supremo les recuerda que “la Directiva europea prohíbe las discriminaciones basadas, directa o indirectamente, en la nacionalidad de los transportistas y en el origen o destino del transporte, por lo que procede reiterar el criterio mantenido según el cual la aplicación correcta del Derecho de la Unión Europea es evidente y no es necesario el planteamiento de cuestión prejudicial”.
Ante esta decisión judicial, Fenadismer exige la paralización inmediata del cobro de los peajes, dando cumplimiento al Auto del Tribunal Supremo notificado el pasado mes de mayo, y a lo que, en principio, se comprometió la Diputación de Guipúzcoa, sin que hasta ahora lo haya cumplido. Esto motivó la interposición de la querella criminal por parte de las asociaciones de transportistas, tanto contra la Diputada Foral de Infraestructuras como contra la empresa pública Bidegi que gestiona el cobro de los peajes.
