El Gobierno ha aprobado un Plan Integral de Respuesta ante el impacto del conflicto en Irán que incluye, entre otras medidas, una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y distintas líneas de apoyo económico. Sin embargo, el sector del transporte por carretera considera que este paquete no responde a la realidad que atraviesan las empresas y advierte de que, lejos de aliviar la situación, puede agravarla.
Así lo ha trasladado el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que se reunió de urgencia para analizar las decisiones del Ejecutivo. Aunque reconoce que algunas iniciativas pueden ser positivas en términos generales, el diagnóstico para el transporte es mucho más crítico: “Las medidas adoptadas no solo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite”, señala el organismo en su nota oficial.
Uno de los principales puntos de fricción es la bonificación al combustible. Según el CNTC, el descuento real se reduce a unos 15 céntimos por litro al descontar los 5 céntimos del gasóleo profesional, y además no existe garantía de que ese ahorro llegue íntegramente al transportista. El sector advierte de que, si esta ayuda queda integrada en los mecanismos de indexación del combustible, podría traducirse en una bajada forzada de tarifas en un contexto de fuerte subida de costes.
El comité también critica la falta de herramientas eficaces para adaptar los precios del transporte a la volatilidad del combustible. Reclama una cláusula de indexación más flexible, que permita revisar los precios con mayor frecuencia y trasladar de forma automática las variaciones del gasóleo. Sin este mecanismo, sostienen, las empresas están asumiendo en solitario el impacto de la escalada energética.
450 millones de sobrecoste
Los datos que maneja el sector reflejan la magnitud del problema. Desde el inicio del conflicto, cada camión soporta un sobrecoste cercano a los 600 euros semanales en combustible, lo que eleva el impacto agregado a unos 450 millones de euros. Un incremento que, según denuncian, está siendo absorbido directamente por las empresas ante la falta de actualización inmediata de precios.
Además, el CNTC cuestiona las limitaciones asociadas a algunas ayudas, como el régimen de minimis, al considerar que impiden que determinadas empresas accedan a un apoyo proporcional a sus costes reales. En paralelo, insiste en la necesidad de mantener de forma estructural el gasóleo profesional y de articular ayudas directas que compensen las pérdidas acumuladas.
El malestar del sector se extiende también a la interlocución con el Gobierno. El comité asegura sentirse “profundamente decepcionado y desconcertado” por la distancia entre lo planteado en reuniones previas y las medidas finalmente aprobadas, y reclama la convocatoria urgente de un nuevo encuentro con los ministerios implicados para diseñar un segundo paquete que corrija las actuales deficiencias.
En este contexto, el CNTC lanza un ultimátum público: si no hay rectificación antes del 27 de marzo, la viabilidad del sector podría verse seriamente comprometida. El organismo no descarta movilizaciones y advierte de posibles interrupciones en el suministro de bienes si las empresas no pueden sostener su actividad. “El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país”, afirma su presidente, Javier Arnedo.
