Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha respaldado la reivindicación de la Asociación Española de Posventa para el Vehículo Industrial (AERVI) de revisar la carga normativa que pesa sobre el sector. Según destaca Faconauto en su última comunicación, el informe de AERVI presentado en abril de 2025 pone de manifiesto cómo la proliferación de normativas ambientales, técnicas y fiscales está frenando el crecimiento de un mercado estratégico para la economía española.
AERVI alerta de que el aumento del 17% en las exigencias administrativas durante los últimos dos años ha supuesto un fuerte impacto para las pequeñas y medianas empresas del sector. Entre los principales problemas identificados se encuentran los reportes digitales, las inspecciones y el cumplimiento de estándares de emisiones, que, en muchos casos, resultan cambiantes y difíciles de armonizar entre territorios.
Faconauto coincide con AERVI en que la complejidad de las normativas, lejos de favorecer la renovación del parque industrial hacia modelos más sostenibles, está provocando el efecto contrario: la prolongación de la vida útil de vehículos antiguos y más contaminantes. Además, la incertidumbre regulatoria está llevando a muchos potenciales compradores a posponer la adquisición de nuevos vehículos, ante el temor de que futuras normativas hagan inviable la inversión.
Un marco normativo «claro»
La patronal de los concesionarios subraya la necesidad de establecer un marco normativo claro y estable que permita al sector avanzar en sostenibilidad sin poner en riesgo su viabilidad económica. Faconauto apoya la propuesta de AERVI de coordinar esfuerzos entre las administraciones y el sector privado para unificar criterios, ofrecer incentivos específicos para pymes y asegurar que las medidas se acompañen de ventanas de transición razonables.
Desde Faconauto insisten en que el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad es esencial para que el vehículo industrial español pueda avanzar en su modernización. En este sentido, consideran fundamental que cualquier nueva normativa tenga en cuenta la realidad empresarial y permita a los operadores del sector adaptarse progresivamente a los cambios, sin verse desbordados por requisitos desproporcionados.
