La Federación de Asociaciones Empresariales de Talleres, Automoción y Movilidad de Andalucía (Faetam) ha expresado su firme oposición al «entorno extremadamente restrictivo» que plantea el Parlamento Europeo en materia medioambiental para vehículos pesados. Recordemos que este reglamento, que deberá ser revisado y aprobado por el Consejo Europeo, propone reducciones significativas en las emisiones de CO2 de camiones y autobuses en los próximos años.
Las medidas establecidas implican una reducción del 45% en las emisiones de CO2 de los camiones y autobuses entre 2030 y 2034, del 65% entre 2035 y 2039, y del 90% a partir de 2040. También se exige que los autobuses urbanos nuevos recorten sus emisiones en un 90% para 2030, llegando a neutralizarlas en 2035. Además, se prevén reducciones para tráileres y semitráileres a partir de 2030.
La Federación, que representa a los reparadores y vendedores de vehículos pesados, argumenta que el sector no ha avanzado lo suficiente en tecnologías que permitan cumplir con estos objetivos de manera eficaz y eficiente, y señala que la electrificación completa (BEV) no es una tecnología viable debido al incremento de peso en los vehículos y a la limitación de la carga útil por las baterías, lo que afectaría la sostenibilidad económica y la operatividad de los vehículos.
En cuanto al hidrógeno, Faetam considera que su desarrollo se encuentra aún en fases muy incipientes y destaca los altos costos asociados a estas tecnologías, lo que resultaría en un encarecimiento significativo de los vehículos. La federación advierte que los plazos y requisitos establecidos por la Unión Europea representarían una «vuelta de tuerca más» para autónomos, pymes y entidades locales que dependen del transporte de personas y mercancías.
Asimismo, subraya que los concesionarios locales y regionales sufrirían el impacto directo de estos costos adicionales, lo que podría limitar la venta de vehículos nuevos y favorecer el mercado de vehículos de ocasión. Una dinámica que podría agravar la presión impositiva sobre los ciudadanos y afectar la actividad económica en el sector de la automoción.
Por estas razones, la federación se une a la larga lista de entidades que piden la revisión del enfoque regulatorio propuesto por la Unión Europea y solicita un diálogo más activo con los actores del sector para encontrar soluciones sostenibles que no comprometan la competitividad y la viabilidad de las empresas dedicadas a la venta y reparación de vehículos pesados.
