El sector del transporte de mercancías puede respirar aliviado, al menos por ahora (y por extensión la posventa, ya que sus clientes no tendrán que sufrir una mayor presión impositiva). La Comisión de Hacienda del Congreso ha rechazado una propuesta que había generado gran inquietud entre los transportistas: el incremento de los impuestos al gasóleo. La medida estaba incluida en una enmienda del grupo socialista al proyecto de ley que establece el tipo mínimo para las multinacionales. Aunque el proyecto ha sido aprobado en su conjunto, la subida del gasóleo ha quedado fuera tras el veto de la comisión.
La intención del grupo socialista era equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de las gasolinas sin plomo. En concreto, proponían aumentar el gravamen del gasóleo de uso general y los biodiésel a 400,69 euros por cada 1.000 litros, frente a los actuales 307 euros por 1.000 litros. Aunque esta medida no habría afectado al gasóleo profesional, que permite a la mayoría de transportistas recuperar parte de los impuestos, sí habría tenido un fuerte impacto en el transporte ligero. Según cálculos de la asociación Fenadismer, este sector habría asumido un coste adicional superior a los 100 millones de euros, ya que no tiene acceso al mecanismo del gasóleo profesional.
Desde Fenadismer explicaban su postura con cifras contundentes: «Contrariamente a lo señalado en la enmienda presentada, el principal sector económico afectado por dicha subida fiscal hubiera sido el transporte por carretera, ya que lo soportarían íntegramente todos los transportistas titulares de vehículos de menos de 7,5 toneladas [los que no están acogidos al gasóleo profesional], que en la actualidad serían en torno a 56.000 empresas transportistas, de las que casi un 80% son pequeños transportistas autónomos. Hubiera supuesto hasta 1.000 euros anuales por camión».
Un debate recurrente
El intento de equiparar los impuestos del gasóleo a los de la gasolina no es una idea nueva. Durante la anterior legislatura, en los años 2019 y 2020, ya se plantearon varias iniciativas con este mismo objetivo, aunque ninguna logró materializarse. El rechazo actual se suma, por tanto, a una serie de intentos fallidos que demuestran las dificultades de aplicar esta medida en un contexto donde el transporte sigue siendo un sector clave y sensible a las cargas fiscales.
Por ahora, la decisión de la Comisión de Hacienda otorga un respiro a los transportistas, especialmente a los pequeños autónomos, que veían en esta propuesta una amenaza directa a la viabilidad de sus operaciones. Sin embargo, el debate sobre la fiscalidad del gasóleo probablemente no ha llegado a su fin.
