La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha cuantificado en 19.200 los vehículos pesados que se encuentran sin cita para pasar la inspección técnica en la Comunitat Valenciana, según los datos recabados en el marco de la campaña ‘Ni un minuto más’.
La patronal valenciana del transporte advierte de que el problema ya no puede entenderse solo como una dificultad administrativa, sino como un factor que afecta directamente a la operativa diaria de las flotas, a la competitividad de las empresas y a la seguridad jurídica de los profesionales del transporte por carretera.
La ITV valenciana bloquea parte de la actividad del transporte
Según la encuesta realizada por FVET entre las empresas integradas en las asociaciones adheridas a la campaña, el 64% de las compañías del transporte valenciano sufre el colapso del servicio de ITV. De media, estas empresas tienen al menos dos vehículos en espera al año y tardan más de dos meses en conseguir cita.
El dato refleja una situación especialmente delicada para un sector que depende de la disponibilidad de sus vehículos para mantener la actividad. En el transporte de mercancías y de personas, un camión o un vehículo pesado parado no solo supone un problema interno para la empresa, sino que puede repercutir en la cadena logística y en los compromisos adquiridos con sus clientes.
La percepción del servicio también muestra el grado de malestar existente. Siete de cada diez empresas encuestadas califican el funcionamiento de la ITV con la puntuación mínima, un 1 sobre 5. Además, el 62,8% de los transportistas afirma que tarda dos meses o más en obtener una cita para sus vehículos de empresa.
El impacto operativo es directo: el 57,7% de las compañías asegura que tiene o ha tenido vehículos parados por no disponer de la inspección técnica vigente. En más de la mitad de esos casos, la inmovilización se ha prolongado durante una media de dos meses.
Desplazamientos fuera de Valencia para poder seguir trabajando
Ante la falta de citas en la Comunitat Valenciana, el 78,5% de las empresas del transporte se ve obligado a desplazar parte de su flota fuera de la provincia de Valencia para poder pasar la inspección técnica y evitar sanciones.
Este movimiento hacia otras autonomías añade costes, tiempo improductivo y complejidad organizativa a unas empresas que ya trabajan con márgenes ajustados y con una fuerte presión sobre sus costes operativos.
FVET enmarca esta situación dentro de una problemática estructural que, a su juicio, exige una respuesta urgente antes de la temporada estival. La campaña ‘Ni un minuto más’ cuenta también con el apoyo de organizaciones como Propeller, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), las federaciones de transportistas de Alicante y Castellón y la Unión de Consumidores.
La ITV valenciana supone pérdidas de 600 euros diarios por camión parado
La federación calcula que cada camión inmovilizado a la espera de pasar la inspección genera una pérdida estimada de 600 euros al día. La cifra incluye el impacto de mantener costes fijos sin poder generar ingresos con ese vehículo.
FVET subraya que esta situación afecta especialmente a pymes y autónomos, que tienen menor capacidad para absorber periodos prolongados de inactividad. En un sector estratégico para la economía valenciana, la falta de agilidad en la inspección técnica puede terminar condicionando la capacidad de respuesta de las empresas y su competitividad frente a operadores de otros territorios.
El problema se suma, además, al encarecimiento del combustible derivado de la situación internacional, un factor que ha elevado los costes operativos del transporte por carretera y que incrementa la presión sobre la rentabilidad de las empresas.
Reclamación de un cambio de modelo
El presidente de FVET, Carlos Prades, sostiene que los datos confirman el fracaso de la gestión actual. “No es solo una cuestión de incomodidad, es un perjuicio económico real. El sector no puede permitir que sus herramientas de trabajo estén paradas por la ineficiencia de un servicio público”, afirma.
La federación reclama un cambio de modelo de gestión y plantea la evolución hacia un sistema público-privado o totalmente liberalizado que permita eliminar los actuales cuellos de botella.
Entre las reivindicaciones del sector figuran la creación de líneas y estaciones especializadas para vehículos industriales, con horarios adaptados a la operativa del transporte profesional. También se reclama mayor flexibilidad, la recuperación de la atención sin cita previa para profesionales y la agilización de la facturación mediante la reapertura de fichas de cliente.
Prades considera que “este sistema es inaceptable cuando el servicio que se recibe genera tanta incertidumbre y pérdidas a un sector estratégico de la economía valenciana”. Además, advierte de que el colapso de la ITV valenciana también está impactando negativamente en la recaudación fiscal de la Comunitat al lastrar ingresos públicos vinculados a la actividad económica.
