La complicada situación financiera de Partners Connect Holding ha desencadenado la presentación de un segundo concurso voluntario de acreedores para Leciñena, la firma zaragozana adquirida por la compañía en 2017, tras haber transitado por un proceso concursal en 2014.
La solicitud del nuevo concurso fue presentada la tarde del pasado jueves y se formalizó en los juzgados de lo Mercantil de Zaragoza el viernes. En este contexto, se inicia el plazo estipulado para la designación del administrador concursal, quien evaluará la viabilidad restante del negocio. A finales de octubre, los propietarios de la empresa expresaron sus esfuerzos por encontrar un inversor que evitara el concurso, pero se han visto obligados a tomar esta medida ante la ausencia de ofertas.
Leciñena enfrenta no solo deudas con proveedores, sino también con su propia plantilla, a la que solo se le ha abonado una parte de la nómina de octubre (500 euros), según publica El Heraldo. Además, los problemas de suministro se han intensificado, impidiendo la finalización de remolques y semirremolques en la planta de Utebo debido a la falta de piezas, consecuencia directa de los impagos.
El ERE, una posibilidad real
El taller de Leciñena en Barcelona ya ha cesado su actividad, y se ha procedido a trasladar maquinaria desde allí hasta la planta de Utebo en semanas recientes, según informaron fuentes del sector.
La esperanza que trajo consigo la nueva propiedad en 2017, respaldada por la gestión del exdirector general Juan Fernández, quien logró restablecer el crecimiento de la empresa, parece haber fracasado. El periodo de bonanza durante 2018 y 2019 se vio truncado con la llegada de la pandemia y se agravó posteriormente con el encarecimiento de materias primas y los problemas de suministro, lo que ha socavado los esfuerzos por reactivar el negocio.
Los 78 empleados, quienes ya experimentaron retrasos en el pago de sus salarios en septiembre (que fueron finalmente abonados), se encuentran ahora a la expectativa de recibir el pago total de octubre. Existe una preocupación palpable en torno a su futuro laboral, ya que se plantea la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o un despido colectivo que podría afectar a todos, quedando en vilo la continuidad de alguna actividad laboral.
Lo que no se habla es que el grupo inversor ha vendido todos los inmuebles y habrá sacado unos 100 millones de euros, sin invertir en la empresa. Si hay una empresa que va justa, vendes las naves y pones un alquiler grande. Seguro que no es viable.