En un comunicado de prensa conjunto emitido por las principales asociaciones que representan a las empresas cargadoras y establecimientos de gran consumo, del que se hace eco Fenadismer, manifiestan su malestar por no haber participado en las negociaciones mantenidas entre las asociaciones de transportistas y el Gobierno y cuyo acuerdo permitió desconvocar el paro nacional previsto para antes de Navidad.
Los cargadores afirman que “buena parte de las medidas incluidas en el acuerdo les ocasionarán un gran impacto”. En la citada nota de prensa, aseguran que, si bien valoran positivamente la desconvocatoria del paro nacional, manifiestan su queja por unos supuestos elevados costes en los que habrían incurrido “al tener que adelantar su aprovisionamiento de productos que perfectamente se podían haber evitado”.
Asimismo, las empresas cargadoras expresan su malestar por no haber participado en la negociación, “considerando el gran impacto que para nosotras representan buena parte de las medidas que formaban parte de la negociación”, como se puede leer en el comunicado de prensa, del que se hace eco Fenadismer.
Pese a que los cargadores no identifican qué medidas podrían ocasionar “tan gran impacto”, la patronal que defiende los intereses de los transportistas supone que, entre otras, podría estar la referida a la próxima prohibición de que el conductor tenga que realizar las tareas de carga y descarga de las mercancías en sus instalaciones, que hasta la fecha se les impone a los transportistas al llegar a su destino tras 9 o 10 horas de conducción.
Fenadismer recuerda que tal obligación ya les correspondía por ley a los titulares de los centros de carga y descarga desde hace más de 30 años, según se establece en la vigente Ley de Contrato del Transporte aprobada en 2009, y anteriormente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987. “Lamentablemente no se ha venido cumpliendo en un alto porcentaje de los casos al imponer los cargadores en la práctica tales tareas a los conductores, ahorrándose de este modo el coste del personal propio que debería realizarlas”, señala la patronal.
Así lo reconoció públicamente hace un año un dirigente de una de las asociaciones que suscribe la nota de prensa, que valoró en más de 2.000 millones de euros el ahorro que obtenían al incumplir la ley, ignorando las consecuencias que para la siniestralidad tanto vial como laboral ocasiona tal imposición.
«Es precisamente su reiterado incumplimiento de la ley lo que ha obligado a consensuar con el Ministerio de Transportes las nuevas medidas a aprobar en las próximas semanas, para tratar de corregir dicha situación de abuso que históricamente han venido soportando los transportistas», explica Fenadismer, que no entiende qué fin tendría su pretendida participación en las negociaciones, salvo la de «persistir en su posición dominante y de imposición de las condiciones de trabajo de sus transportistas proveedores».
