El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la norma que prohibirá la venta de coches y furgonetas que no sean cero emisiones a partir de 2035 (leer noticia), pero también ha aprobado una dura reducción de las emisiones de CO2 de camiones y autobuses. Para la patronal europea de fabricantes de componentes (Clepa), esta legislación «es muy difícil» de cumplir en los plazos establecidos.
Y es que el organismo comunitario ha decidido endurecer aún más su propuesta en comparación con la fijada hace ahora cuatro años. Si en aquel entonces acordó una reducción de emisiones del 30% para el año 2030 -en comparación con los volúmenes de 2019-, ahora ha decidido apretar aún más a los fabricantes para situar la reducción en el 45%. Pero eso no es todo, ya que las emisiones tedrán que ser al menos un 65% inferiores en 2035 y un 90% en 2040 -siempre en comparación con los niveles de 2019-. Al margen de la norma quedarán los vehículos destinados a la minería, la agricultura, las fuerzas armadas y el tendido de vías férreas.
Estos estadios intermedios son el paso previo para una movilidad cero emisiones a partir de 2050, como expresaba el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans: «En el horizonte de 2050 prácticamente todos los vehículos en nuestras carreteras deberán ser de cero emisiones. Lo exige nuestra ley climática, lo piden nuestras ciudades y los fabricantes se están preparando». Unos fabricantes que ya han alzado la voz por las presiones de la futura norma Euro VII y que ahora ven cómo el Parlamento los obliga a pisar el acelerador para cumplir una hoja de ruta aún más ambiciosa. ¿Se trata de una maniobra para obligarlos a invertir en nuevas tecnologías Euro VII ante las protestas de la industria? No suena descabellado.
«La UE necesita soluciones asequibles»
Las patronales no han tardado en pronunciarse a este respecto y la primera en hacerlo ha sido Clepa. Para los fabricantes de componentes, «La Unión Europea necesita soluciones asequibles y neutras desde el punto de vista climático para descarbonizar la logística». El que habla es su secretario general, Benjamin Krieger, quien valora positivamente «que se mantenga la diversidad tecnológica al no establecer un mandato de eliminación progresiva», pero que al mismo tiempo advierte de que «el aumento de los objetivos para 2030 y 2035 es muy difícil de cumplir»: «Hace sólo cuatro años se fijó el objetivo del 30% para 2030, que ya era ambicioso, y este objetivo debe prevalecer».
Para Clepa, el cumplimiento de las condiciones para alcanzar una reducción del 30% en 2030 «ya es incierto», ya que requiere, desde su punto de vista, «tanto una reducción acelerada de los costes de la tecnología como políticas sustanciales que apoyen la infraestructura y fomenten la compra de vehículos». Asimismo, la patronal añade que «deben garantizarse las condiciones necesarias, como la infraestructura de recarga y repostaje, así como la electricidad renovable, el hidrógeno y los combustibles». Eso para cumplir con el 30%. El 45% firmado definitivamente es harina de otro costal…
Asimismo, Clepa critica que la norma se centre únicamente en las emisiones del tubo de escape y no en un enfoque «exhaustivo» que mida la huella de carbono real del vehículo. Si no se hace eso, «Europa corre el riesgo de quedarse rezagada con respecto a otras regiones», advierten.
Esta propuesta de la UE incluye una cláusula de revisión en 2028 para calibrar los avances hasta la fecha.
