Desde hoy a las 00:00h cientos de pymes y miles de autónomos del transporte de mercancías por carretera están llamados a apoyar la huelga “indefinida” que ha convocado la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por aumento del precio de los carburantes como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.
Pero este no es el único motivo, ya que también influyen las diferencias entre los autónomos y pymes y el CNTC o las grandes patronales. Los socios de la plataforma rechazan el Real Decreto Ley que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, al considerar que la norma «sólo beneficia a los grandes operadores del transporte”.
Asimismo, la plataforma considera que el nuevo marco legal no soluciona el descontrol del aumento del precio de los combustibles, los elevados tiempos de espera en las operaciones de carga y descarga, la competencia desleal y los robos en áreas de descanso a los transportistas de base.
«Nos encontramos en quiebra»
La plataforma ya advirtió, el pasado 5 de marzo, al Ministerio de Trabajo y al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del paro que iban a convocar para el día de hoy. Un paro que, según los convocantes, podría haberse desconvocado si los ministerios competentes hubieran accedido a las demandas de la plataforma para mejorar las condiciones de los transportistas con la situación actual.
La convocatoria de esta huelga se produce en un contexto en el que “el 90% de las empresas de transporte medianas y pequeñas nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos”, explica la plataforma. Y añade que las consecuencias de esta situación “las pagan de forma directa todos los conductores asalariados, a los cuales defenderemos en las demandas exigidas”.
Las peticiones
Entre las peticiones de los representantes a las autoridades, figuraba la “prohibición taxativa de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación, según referencia mensual del Observatorio de Costes”, un organismo oficial que depende de la Dirección General de Transporte. También pedían sanciones en caso de incumplimiento, limitar la intermediación a un solo contratista -estableciendo responsabilidad directa al cargador principal en caso de impago de los servicios al transportista- y un plazo de pago máximo a 30 días.
Asimismo, también reclamaban la prohibición, sin posibilidad de acuerdos ni pactos, de la carga y descarga de los conductores asalariados y autónomos o la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años.
