La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden TRM/282/2026, de 25 de marzo, introduce un cambio relevante para el transporte ligero internacional al desbloquear la posibilidad de que los conductores con permiso de clase B puedan solicitar la tarjeta de tacógrafo. La norma, difundida el pasado 28 de marzo, corrige una limitación administrativa que impedía a este colectivo adaptarse en tiempo y forma a las nuevas exigencias europeas.
La medida afecta directamente a los conductores de vehículos de entre 2,5 y 3,5 toneladas que operan en transporte internacional, quienes podrán tramitar la tarjeta antes del 1 de julio, fecha a partir de la cual el tacógrafo será obligatorio para este segmento. También regulariza la situación de los vehículos de mercancías impulsados por energías alternativas con masas de hasta 4.250 kilos, que hasta ahora veían restringida su actividad por la imposibilidad de acceder a este requisito técnico.
Fenadismer -que integra a autónomos y pequeñas empresas de transporte- valora el avance como un paso necesario para adaptar el transporte ligero al nuevo marco normativo europeo, aunque advierte de que la medida llega con retraso y no resuelve los principales problemas operativos del sector. En particular, señala el déficit de formación de estos conductores en materia de tiempos de conducción y uso del tacógrafo, una carencia estructural derivada de su exclusión del certificado CAP.
Falta de formación y posibles sanciones
El contexto en el que entra en vigor esta orden no es menor. El transporte ligero internacional afronta un cambio regulatorio que equipara en parte sus obligaciones a las del transporte pesado, pero sin haber contado hasta ahora con instrumentos equivalentes de adaptación. Esto se traduce, según el sector, en un riesgo elevado de sanciones por errores en el uso del tacógrafo o en el registro de los tiempos de descanso, más que por incumplimientos deliberados.
Por ello, Fenadismer insiste en la necesidad de que el Ministerio de Transportes acompañe este ajuste normativo con medidas económicas y formativas. En concreto, reclama una línea de ayudas similar a la activada en 2024 para el transporte pesado, destinada a facilitar la inversión en el tacógrafo inteligente de segunda generación, así como programas específicos de capacitación que permitan a los conductores operar con seguridad jurídica.
