Las asociaciones de transportistas madrileños (transporte público de mercancías y viajeros), a través del Comité Madrileño de Transporte por Carretera (CMTC), muestran su indignación y preocupación ante la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible porque, aseguran, han sido “completamente ignorados”, desconociendo la problemática de su actividad.
Y es que el Gobierno municipal actual prometió la desaparición de Madrid Central cuando llegara al Ayuntamiento madrileño y, por el contrario, en la nueva Ordenanza de Movilidad, Madrid Central pasa a denominarse Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y, además, amplía su ámbito de actuación a casi la totalidad de la ciudad.
En diversos encuentros mantenidos con los representantes del Gobierno local, el CMTC planteó los problemas que padecía el sector del transporte con la entrada en vigor de Madrid Central y las posibles soluciones, sin perder nunca de vista la prioridad de mejora de la salud pública y la calidad medio ambiental.
De hecho, desde el sector del transporte se propusieron medidas tales como la armonización y coordinación entre las Administraciones públicas; la prioridad a la dotación de infraestructuras por parte de la Administración; la fabricación de vehículos con prestaciones acordes a las necesidades del sector actualmente inexistentes; el impulso y ayudas para la renovación de la flota actual, apoyo a la transformación o cambio de vehículos; ampliación del calendario de renovación de flotas, acorde con la realidad del mercado de automoción; sensibilización del horario de acceso a las zonas de bajas emisiones y a las de especial protección; potenciación del transporte público de viajeros en todas sus modalidades, o la ampliación de paradas por tiempo determinado para bajada viajeros de servicios turísticos, entre otras.
“La nueva Ordenanza no contempla ninguna de las propuestas realizadas por el sector de transporte y ello conlleva, para un futuro no muy lejano, el año 2023, numerosos perjuicios para el transporte, para la economía, y para la sociedad en general, destacando como principales: desabastecimiento, retrasos y limitaciones en servicios esenciales como mudanzas o la retirada de residuos y contenedores, caos y desatención en el transporte público de viajeros, y desempleo”, han señalado desde Fenadismer, la patronal que defiende los intereses de los transportistas.
El Comité Madrileño de Transporte por Carretera se siente en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía este “despropósito” que provocará la nueva normativa, teniendo en cuenta que el sector del transporte defiende la implantación de medidas y el uso de nuevas tecnologías en defensa del medio ambiente y salud pública. Por ello, pide al Gobierno municipal una adecuación de la norma en beneficio de los ciudadanos madrileños.
