La lucha contra la morosidad ha experimentado mejoras sustanciales, reflejadas en la disminución de los plazos de pago a las flotas. La aprobación del régimen sancionador a finales de 2021 y la acción de los Servicios de Inspección de Transporte en el último año han desempeñado un papel crucial en esta rebaja de los plazos. Así están las cosas.
Según los resultados del Observatorio Permanente de la Morosidad, elaborado mensualmente por FENADISMER, el pasado mes de diciembre marcó un hito al reducir los plazos de pago a 66 días de media, muy cercano al límite legal establecido. Este logro ha llevado a que la media anual de 2023 se sitúe en 69 días, mostrando una disminución significativa desde los 74 días en 2022 y los 83 días en 2021, año en que se implementó el régimen sancionador.
En el análisis de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, se observa que en el 66% de los casos, los excesos de plazo de pago son leves, oscilando entre 60 y 90 días. A pesar de ello, un 11% de empresas incumplidoras aún mantienen plazos de pago de 120 días, aunque este porcentaje ha disminuido en comparación con el 20% registrado en 2022.
En cuanto a los medios de pago más utilizados para los servicios de transporte, la transferencia continúa siendo la opción principal, representando el 70% de los casos, seguida del confirming (27%), el pagaré (3%), y el cheque (<1%).
Estos avances son un testimonio del impacto positivo de las medidas regulatorias y de control implementadas en el último año, proporcionando un entorno más equitativo para los transportistas y contribuyendo a una reducción del 20% en los plazos de pago durante los últimos dos años. A medida que la industria avanza hacia prácticas más transparentes y el cumplimiento normativo, se espera que estos cambios continúen beneficiando a los profesionales del transporte por carretera en España y, por extensión, a toda la cadena de valor de la posventa.
