La Comisión Europea impuso en 2017 a Scania una multa de 880 millones de euros por participar junto con las otras cinco marcas en el cártel europeo de fabricantes de camiones. Según la Comisión, las marcas actuaron de manera conjunta en la concertación de sobreprecios aplicados en la venta de camiones en toda Europa durante el período que duró el cártel, lo que afectó a unos 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a camiones adquiridos en España. Scania fue la única marca que recurrió la sanción ante el Tribunal General de Justicia de la UE. Aún hoy se sigue esperando la sentencia final, a pesar de que la vista se celebró a mediados del pasado año.
Una vez sea dictada la sentencia, y sólo en el caso de que fuera desestimatoria al recurso planteado, se abriría la vía judicial para que los transportistas titulares de camiones de dicha marca, y de las otras cinco marcas sancionadas que aún no lo hubieran hecho, presenten su reclamación por el sobrecoste aplicado en los precios de adquisición de los vehículos. Hay por tanto miles de profesionales en España esperando a la decisión de la Justicia… Tres años ya.
Tal y como informa Fenadismer, que denuncia la demora en la decisión, “cabe recordar que dicha sanción -la de 880 millones a Scania- fue la de mayor importe económico que la Comisión Europea impuso a las marcas participantes en el cártel europeo, superando a las multas impuestas a cada uno de los cinco restantes fabricantes europeos participantes en el cártel (DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo), todas ellas motivadas por haber quedado probado que, durante más de 14 años, desde 1997 hasta 2011, concertaron la fijación en los precios de venta de dichos vehículos en perjuicio de sus clientes, fundamentalmente transportistas, y retrasaron deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos”.
Todo ello conllevó una multa récord por un importe total cercano a los 4.000 millones de euros entre todas las marcas.
En el caso de Scania, pese a formar parte del referido cártel, al no haber admitido su participación en los hechos denunciados a diferencia de las restantes marcas, la Comisión Europea se vio obligada a tramitar un expediente sancionador diferenciado, “habiendo quedado acreditado su participación en la ‘coordinación’ de los precios a nivel europeo y el retraso intencionado en la introducción de tecnologías medioambientales más eficientes”, destaca la patronal.
