
Actualmente, Galicia es la única comunidad autónoma de toda España que no permite en toda su región comer a los transportistas en las áreas de servicio en carretera, haciendo oídos sordos a las reiteradas quejas de las organizaciones del sector del transporte, según informa Fenadismer.
Toda esta situación se enmarca en el contexto de la denominada tercera ola de la pandemia, donde la práctica totalidad de las comunidades autónomas han aprobado diferentes medidas restrictivas para las actividades económicas en sus respectivos territorios, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus.
Así, entre las restricciones impuestas a lo largo y ancho de todas las comunidades autónomas de España, destaca el cierre temporal o total de la hostelería -bares y restaurantes-, menos los establecimientos de restauración ubicados en las áreas de servicio en carretera, para permitir que los transportistas pudieran continuar desarrollando su actividad esencial con la mayor normalidad posible.
No obstante, pese a las reiteradas quejas de las organizaciones del sector, la Xunta de Galicia ha sido la única comunidad autónoma que se ha negado a permitir que los transportistas puedan, tal y como explican desde Fenadismer, “cubrir sus necesidades básicas de higiene y alimentación en condiciones dignas en las áreas de servicio en carretera”, permitiéndoles solamente adquirir la comida a través de una ventanilla, lo que supone, según califica la asociación, “una auténtica humillación y desconsideración” hacia los profesionales del transporte.
La última gota ha sido la sanción impuesta hace unos días a un transportista en una gasolinera, situada a la altura del municipio coruñés de Teo, por el “irresponsable” hecho de estar comiendo dentro del área de servicio, lo que a ojos de Fenadismer, supone “criminalizar” injustamente la actividad desarrollada y esencial de un colectivo como el del transporte.
Este panorama ha provocado que las organizaciones gallegas de transportistas Fetram, Ucogatra y Fegatrans-Apetamcor -asociadas de Fenadismer- hayan optado por promover diversas actuaciones y medidas de protesta contra los que consideran una medida injusta y “de desprecio” hacia un sector clave para la sociedad y la economía gallega.



