Este lunes, el Congreso de los Diputados somete a debate el proyecto de Ley que propone la prórroga del impuesto extraordinario a la banca y otros sectores. Esta iniciativa incluye una enmienda impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista que plantea una subida de 10 céntimos por litro en el impuesto al diésel, con el objetivo de equiparar su fiscalidad a la de la gasolina. Este aumento, de ser aprobado, tendrá un efecto significativo sobre el sector del transporte en España, especialmente en los transportistas autónomos, que constituyen un tercio de la flota de vehículos de transporte de mercancías en el país.
Un golpe para los transportistas autónomos
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), la subida en el impuesto sobre el diésel afectará principalmente a los transportistas autónomos y a aquellos que operan con vehículos de menos de 7,5 toneladas. A pesar de lo expresado en la enmienda, estos profesionales no podrán beneficiarse de ninguna compensación fiscal por este incremento, ya que la normativa actual impide que los vehículos de menor tonelaje se acojan a la devolución parcial del impuesto al diésel. Esto significa que alrededor de 130.000 transportistas, aquellos que constituyen una parte esencial del tejido logístico nacional, soportarán el aumento impositivo en su totalidad.
En palabras de Fenadismer, esta subida en la fiscalidad del diésel perjudicaría notablemente la viabilidad económica de estos profesionales, quienes ya enfrentan crecientes dificultades debido a la inflación y a los altos costes de los combustibles. La falta de mecanismos para devolver este impuesto hace que sea insostenible para muchos de ellos «digerir» esta nueva carga, lo que podría llevar a una reducción en la competitividad y, en última instancia, a la salida del mercado de numerosos autónomos y pequeñas empresas de transporte.
Un debate recurrente en el Congreso
Este no es el primer intento de los partidos que actualmente sostienen el Gobierno de aumentar el impuesto al diésel. En 2019 y 2020, se presentaron proyectos de ley similares, que buscaban igualar la fiscalidad de este combustible con la de la gasolina, aunque no prosperaron tras su paso por el Parlamento. Además, en 2018, ya se impuso una subida de hasta 4,8 céntimos en el impuesto de los carburantes en algunas comunidades autónomas, que unificó el tramo autonómico en todo el territorio nacional.
La justificación del aumento y sus críticas
La enmienda justifica este incremento alegando la necesidad de una fiscalidad más equitativa entre el diésel y la gasolina, en línea con las políticas medioambientales que promueven una transición hacia energías menos contaminantes. Sin embargo, desde Fenadismer se argumenta que el impacto de esta medida no será asumido por las grandes empresas de transporte, que generalmente operan con flotas de vehículos de mayor tonelaje y pueden beneficiarse del gasóleo profesional. En cambio, afectará de manera directa a los pequeños transportistas que, sin posibilidad de compensación, verán comprometida su rentabilidad.
Consecuencias a corto y largo plazo para el sector
La implementación de este incremento a partir de enero próximo, si se aprueba, podría tener efectos inmediatos en la estructura del sector del transporte. La presión fiscal, sumada a los elevados costes operativos, plantea un escenario complejo para los transportistas autónomos, cuya capacidad de absorber estos gastos adicionales es limitada. Fenadismer alerta sobre las consecuencias a largo plazo de esta medida, que podría favorecer una mayor concentración de la industria en grandes empresas y reducir la participación de autónomos y pequeños operadores, afectando, en última instancia, la diversidad y la flexibilidad del sector.
