España dispone de la tecnología y la capacidad industrial necesarias para reciclar, pero cojea en lo más importante: no hay compradores suficientes para dar salida a los materiales recuperados. Esta es la principal conclusión del Foro SCRAPS SRR 2026, una jornada de debate que reunió en Madrid a los principales sistemas colectivos, recicladores y técnicos de la Administración bajo la organización de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Tratamiento Neumáticos Usados (TNU) e IFEMA MADRID. Los participantes coincidieron en que el modelo actual está desequilibrado por exigir porcentajes obligatorios de recogida sin ofrecer a cambio estímulos fiscales o comerciales que aseguren la viabilidad económica de la cadena.
El encuentro sirvió para airear el descontento del sector ante el asfixiante incremento de las cargas burocráticas y la proliferación de plataformas digitales de reporte normativo. Los expertos denunciaron que la Administración está delegando en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SCRAP) funciones de control e inspección que exceden por completo su naturaleza, lo que genera una gran incertidumbre jurídica a corto plazo. Frente a esta situación, la industria defendió que este mecanismo de responsabilidad solo debe operar en aquellos flujos de residuos donde el mercado libre no sea autosuficiente por sí mismo, reclamando que se respeten los modelos industriales que ya funcionan de forma eficiente.
La hoja de ruta propuesta para desatascar la situación se asienta sobre tres reclamaciones urgentes. En primer lugar, una simplificación administrativa real que armonice de una vez los criterios, registros y plataformas entre las distintas comunidades autónomas. En segundo término, un control riguroso de la trazabilidad desde el origen para atajar fraudes. Por último, el foro señaló que el gasto público -que representa el 14% del PIB de la Unión Europea- debe ejercer obligatoriamente como motor de tracción de la demanda mediante pliegos de contratación que primen el uso de materiales recuperados en las licitaciones públicas.
Asimismo, las empresas del sector alertaron del riesgo de asfixiar la competitividad de la industria local si las fronteras de la Unión Europea siguen abiertas a materiales reciclados de importación que entran sin ningún tipo de control ambiental, técnico o sociolaboral, a diferencia de las estrictas exigencias que soporta el tejido empresarial nacional.
«Los sistemas colectivos podemos financiar y organizar la recogida, pero no generar por sí solos la demanda comercial del material, por lo que las políticas de estímulo al consumo son vitales. La Compra Pública Verde debe ser una auténtica herramienta tractora a través de pliegos de contratación que prioricen soluciones maduras disponibles en el mercado nacional, como la incorporación de neumáticos recauchutados en las flotas públicas o el uso de polvo de caucho reciclado en los betunes asfálticos para carreteras», concluye Javier de Jesús, director operativo de TNU.
