La transición hacia la electromovilidad en el transporte de mercancías por carretera no termina de arrancar en el mercado nacional. Con una cuota de mercado de apenas el 1% registrada durante el primer trimestre del ejercicio actual, la electrificación del transporte pesado se consolida como una de las principales asignaturas pendientes de la posventa y la automoción industrial. Ante este escenario de parálisis, las asociaciones sectoriales reclaman de manera conjunta un liderazgo institucional firme, planificación regulatoria y un incremento real de la colaboración público-privada para posibilitar una transformación operativa que sea viable y competitiva para todas las empresas que integran el sector.
De acuerdo con los registros estadísticos oficiales aportados por Anfac (la patronal de fabricantes de automóviles y camiones), a lo largo del primer trimestre de 2026 únicamente se matricularon 90 vehículos industriales electrificados en todo el territorio español. Este volumen representa una porción marginal del mercado si se compara con el dominio hegemónico de las mecánicas diésel, que todavía concentran más del 96% de las matriculaciones totales del segmento. El sector advierte que el ritmo actual es insuficiente para cumplir con las exigencias impuestas desde la Comisión Europea, las cuales obligan a reducir un 45% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los nuevos vehículos industriales en el horizonte de 2030, y alcanzar una reducción del 90% para el año 2040. De mantenerse la velocidad de matriculación actual, las patronales calculan que los objetivos fijados para 2030 acumularán un retraso histórico, no logrando cumplirse hasta el año 2072.
Para revertir esta tendencia y romper las actuales barreras de entrada, la asociación de fabricantes ha actualizado los ejes comerciales de su plan estratégico de desarrollo sectorial, denominado Plan España Auto 2030, introduciendo medidas concretas orientadas a dinamizar la demanda a través de incentivos directos y mejoras regulatorias sustanciales. Por su parte, desde la federación de concesionarios Faconauto, su área de vehículos industriales estima que la consecución de las metas climáticas europeas exige sostener un crecimiento continuo superior al 50% anual en las ventas de unidades de cero emisiones. Con el fin de estructurar este avance, la patronal de la distribución exige de forma inmediata el despliegue de un plan nacional de infraestructura de alta potencia que garantice la instalación de un mínimo de 4.000 puntos de recarga con potencias superiores a los 350 kilovatios (kW) antes de que finalice la presente década, acompañado de un plan de renovación de flotas y de rebajas fiscales directas.
A este paquete de demandas se suma la perspectiva de Aedive (Asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica), cuyo enfoque defiende el establecimiento de un marco fiscal coherente y alineado con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La asociación recuerda que, mediante una reestructuración impositiva adecuada, el coste de la electricidad para uso industrial podría abaratarse hasta un 35%, un factor que impulsaría de forma drástica la rentabilidad y la competitividad de las flotas eléctricas pesadas frente al combustible tradicional. El camión eléctrico presenta una eficiencia energética que supera entre un 70% y un 80% a la de un motor diésel convencional, convirtiéndose en una alternativa idónea para atajar el impacto de un sector logístico que genera actualmente el 29% de las emisiones nacionales en España.
“La electrificación continúa teniendo un peso muy reducido dentro del mercado del vehículo industrial, reflejando las dificultades que sigue afrontando el sector para avanzar en la transición hacía tecnologías de cero emisiones, especialmente en los segmentos pesados”, resume Pilar Fernández, responsable del área de industriales de Faconauto, quien concluye señalando que la falta de personal y costes exigen que este reto no se vea como algo “a largo plazo, sino de una necesidad inmediata que requiere liderazgo institucional, planificación y colaboración público-privada para que la transformación sea viable y competitiva para el conjunto del sector”.
