Es una decisión que ha generado un intenso debate entre el sector del automóvil y los Estados miembros de la Unión Europea. Después de mucho tira y afloja, los países de la UE han acordado retrasar la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 7, en línea con lo solicitado por las asociaciones del sector.
Así, la norma, que debería entrar en vigor en 2025, se ha postergado hasta 2027 para los vehículos ligeros y hasta 2029 para los vehículos industriales. Esta decisión aún está pendiente de la aprobación final del Parlamento Europeo. El enfoque común adoptado durante la reunión del consejo de ministros europeos de competitividad celebrada en Bruselas también incorpora nuevas restricciones a las emisiones de partículas provenientes de frenos y neumáticos, como parte de una normativa que busca reducir tanto las emisiones de CO2 como las partículas contaminantes.
La propuesta inicial de la Comisión Europea (la entrada en vigor de la norma Euro 7 en 2025) se encontró con una firme oposición por parte de un bloque de ocho países: Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, respaldados por la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos (ACEA). Estos países argumentaron que estas nuevas medidas impondrían costes adicionales a la industria durante un período de tiempo demasiado breve antes de la transición total a los vehículos de cero emisiones.
“Logra un equilibrio”
La presidencia española, representada por el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, ha defendido el acuerdo alcanzado porque propone un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la competitividad de la industria: “La presidencia española ha sido sensible a las diferentes demandas y peticiones de los países y creemos que, con esta propuesta, logramos un amplio apoyo”. También ha subrayado que se “logra un equilibrio en los costes de inversión de las marcas fabricantes y mejoramos los beneficios ambientales derivados de la regulación”.
En cualquier caso, llama la atención que nuestro país aplauda la decisión pero se haya abstenido de formar parte del bloque que más ha presionado para que se lleve a término.
“En la buena dirección”
Para Sigrid de Vries, directora general de ACEA, la posición de los Estados miembros “supone una mejora con respecto a la propuesta Euro 7 de la Comisión Europea, que era totalmente desproporcionada y generaba costes elevados para la industria y los consumidores, con beneficios medioambientales limitados”.
“El objetivo del Consejo de mantener las pruebas Euro 6/VI es sensato. Sin embargo, en comparación con lo que está en vigor hoy en día, la Euro 7 requiere importantes esfuerzos de ingeniería y pruebas. Como tal, requerirá enormes inversiones adicionales de nuestra industria en un momento en que está volcando todos sus recursos en la descarbonización”.
“Nuestra industria está plenamente comprometida con la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático”, ha añadido de Vries. “Ahora pedimos a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la Comisión que trabajen para lograr una normativa Euro 7 que nos permita centrarnos en estos dos objetivos y, al mismo tiempo, garantice que los vehículos sean asequibles y nuestro sector, competitivo”.
