La entrada en vigor de las etiquetas de la DGT para los vehículos en el año 2016 supuso un punto de inflexión para muchos conductores. Entraba una nueva variable en la toma de decisiones respecto al vehículo, especialmente en la compra de modelos de ocasión. Aunque en ese momento ni se afirmaba ni se desmentía, quedaba claro que clasificar de forma visible a los automóviles por su antigüedad -que se convirtió artificialmente en sinónimo de nivel de contaminación- acabaría derivando en restricciones al uso de los mismos.
Las famosas ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), que estrenaron grandes ciudades como Madrid o Barcelona, dieron forma a dichas restricciones, y obligaron a muchos conductores a cambiar su coche sin etiqueta por otro que tuviera, o bien a modificar sus hábitos de movilidad por la ciudad.
La implantación de las ZBE se ha ido ampliando paulatinamente, hasta hacerse obligatoria en los municipios con más de 50.000 habitantes desde el pasado 1 de enero. Aunque cada ayuntamiento las establece y gestiona como considera oportuno, el artículo 10 epígrafe 4 del Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre establece lo siguiente: “El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.”
Esto significa que las Zonas de Bajas Emisiones deberán revisarse como muy tarde en 2026. Esta revisión puede pasar tanto por una ampliación del área como por una mayor limitación del acceso y, en este sentido, los vehículos que podrían tener restringida su circulación son aquellos que tengan la etiqueta B.
