El 1 de enero de 2023, entraban en vigor las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, la medida que obligaba a los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer una zona de circulación restringida para aquellos vehículos que no cuentan con etiqueta medio ambiental, es decir, los vehículos de gasolina anteriores a enero de 2000 y los diésel anteriores a 2006 -por no cumplir ningún tipo de normativa anticontaminación (Euro 3, Euro 4 o Euro 5)-.
Un año después, Madrid ha decidido endurecer las restricciones para los vehículos más contaminantes ampliando el radio de acción de la ZBE a todo el término municipal de la capital. Es así como, desde el pasado 1 de enero, los coches sin etiqueta medio ambiental ya no pueden ingresar a la ciudad. A pesar de lo duro de la medida, existen excepciones: vehículos sin etiqueta medio ambiental empadronados en Madrid o que abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital. La medida tampoco afecta a vehículos de mercancías o a motocicletas sin etiqueta.
200 euros de multa
Esta semana, el 14 de enero, acaba el ‘período de gracia’ para que los vehículos que incumplan la norma se salven de sanción. A partir del lunes 15 de enero, los coches sin etiqueta medio ambiental que circulen por la M-30 y por el anterior de su perímetro serán sancionados con 200€ de multa (100€ por pronto pago). Aquellos vehículos que circulen por fuera del perímetro de la M-30, el período de transición se extiende hasta el 30 de junio. Durante este tiempo, los conductores que sean captados por las cámaras viales infringiendo la norma no serán multados pero si recibirán un aviso. Sin embargo, si podrán ser sancionados si son detenidos por un agente de la autoridad.
Primeras reacciones
La medida anunciada por el consistorio de la capital no ha estado exenta de polémica y su funcionamiento, además de ponerse en tela de juicio, ya ha sido denunciado. La responsable de esta acción legal es la asociación para la defensa de los conductores Dvuelta -los mismos que impulsaron la derogación del por entonces Madrid Central y que logró echar para atrás las ZBE de Gijón-, que argumenta que la medida es ‘discriminatoria’ al prohibir «la circulación de hasta ocho millones de vehículos sin etiqueta que hay en España, pero se lo permita a aquellos que pagan impuestos de circulación en la capital».
De acuerdo a Pedro Javaloyes, responsable de comunicación de la asociación, Madrid 360 -que así se llaman las ZBE de la ciudad- afecta directamente a «400.000 coches sin etiqueta que deben entrar a diario en la capital». Javaloyes enfatizaba en que si los que se quiere es reducir emisiones, entonces «el criterio de acceso no puede estar relacionado con el lugar donde esos coches pagan su impuesto de circulación».
«Es discriminatoria», continuaba Javaloyes, «pues justifica que quien paga contamina». Para la asociación, bajo las nuevas condiciones de Madrid 360 quedaría demostrado que no es el nivel de emisiones el criterio básico para determinar quién entra y circula por las calles de la ciudad.
Por su parte, desde el Ayuntamiento señalan que desde que entrara en vigor Madrid 360 «se ha contribuido a mejorar la calidad del aire notablemente», resaltando que «en 2022, y por primera vez, Madrid cumplió con la directiva europea de calidad del aire». Un logro que planean repetir en 2023, pero con «registros de dióxido de nitrógenos más bajos aún que el año precedente».
