A pocos días de que la Unión Europea diera la estocada final al motor de combustión a partir de 2035, una coalición liderada por Alemania e Italia amenazó con tumbar la medida si no se garantizaba la viabilidad de los ecocombustibles. Ahora podría pasar lo mismo con la futura norma de emisiones Euro 7, que ya ha encontrado el rechazo de hasta ocho países. España no está entre ellos…
Desde que la Unión Europea anunciara su intención de aprobar la norma Euro 7 para reducir aún más los límites de emisiones de los vehículos nuevos -se espera que entre en vigor en 2025 para los turismos y furgonetas y en 2027 para los camiones y los autobuses-, todos los fabricantes alzaron la voz para criticar una medida que retrasaría, según ellos, los objetivos de descarbonización marcados por Bruselas. Y es que con el fin de la gasolina y el diésel en 2035, no habría tiempo suficiente para amortizar las inversiones necesarias para desarrollar mecánicas que cumplan las exigencias de la nueva normativa. Eso sin nombrar las inversiones que dejarían de destinarse al coche eléctrico para hacer frente a la Euro 7.
En este contexto de oposición por parte de la industria, hasta ocho países europeos habrían firmado un documento, según Reuters, para rechazar de manera frontal una regulación que en la práctica podría suponer el fin de la gasolina y el diésel antes incluso de lo previsto, con el consiguiente impacto tanto en el sector como en la economía de estos países. Aunque este documento no tiene un valor formal, sí supone una declaración de intenciones que podría traer consigo un cambio sustancial en la regulación, ya que estos países tendrían poder de voto suficiente como para bloquear la norma.
Según estas informaciones, estos ocho países serían Francia, Italia, República Checa, Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. De momento Alemania -impulsora de la medida que ha abierto la puerta a los ecocombustibles- no se ha pronunciado al respecto, aunque mira de cerca lo que se está debatiendo. Tampoco España se ha sumado a pesar de la postura de Anfac y Faconauto y de la importancia de la industria del automóvil en nuestro país.
«No es realista»
Estos ochos países consideran, añade la agencia Reuters, que los límites de emisiones que impondrá la norma «no son realistas a día de hoy», por lo que se oponen a “cualquier nueva regla sobre emisiones de escape”.
Esta postura está alineada con la de la propia industria, que considera «inútil», como la ha calificado el Grupo Stellantis, una norma que tendría “un gran impacto negativo en la industria, sin hacer ninguna diferencia para el medio ambiente”. Y es que además, las marcas tendrían que desviar fondos previstos para el desarrollo de tecnologías cero emisiones para poner en el mercado motores de combustión más limpios y eficientes, retrasando así la implantación de la movilidad eléctrica.
Eso sin mencionar el incremento de costes que sufrirían los vehículos gasolina y diésel, lo que dificultaría aún más el acceso a estos vehículos por parte de los sectores de la sociedad con rentas más bajas. Esto en la práctica traería consigo, además, el abandono de los coches más pequeños por parte de los fabricantes debido a la dificultad para encontrar la rentabilidad en estos segmentos de acceso a la gama.
