El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la moratoria de un año aprobada por el Ayuntamiento de Madrid que permitía la entrada de furgonetas con etiqueta B en Madrid Central hasta el 31 de diciembre de este año. Esta sentencia ha generado un futuro incierto para el abastecimiento de la capital.
La Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) ha expresado su preocupación ante esta sentencia, afirmando que “el 60% de las furgonetas que realizan transporte de mercancías en la capital están catalogados con distintivo B y, por tanto, quedan afectados por esta nulidad de la moratoria”. La moratoria permitía que hasta finales de este año, los vehículos a motor de repartidores con, al menos, cuatro ruedas y MMA no superior a 3.500 kilogramos, que dispongan de clasificación ambiental B, pudieran acceder a la Zona de Bajas Emisiones del Distrito Centro de Madrid.
La asociación ha denunciado que “la situación idílica que se plantea en el horizonte, nada tiene que ver con la realidad”. Han subrayado que el transporte se encuentra en una situación compleja en la que la renovación de la flota no es tarea fácil a corto plazo.
“Decisiones realistas”
Ante este panorama, ATA ha instado a tomar “decisiones realistas y posibilistas, basadas en la realidad, alejadas de las ideologías o las voluntades y conveniencias políticas”. La asociación advierte que está en juego “el abastecimiento de miles de personas”, una cuestión que “resulta lo suficientemente seria como para no asumirse decisiones sin pensar en las consecuencias inmediatas de estas”, según palabras de Antonio Villaverde, presidente de ATA.
Villaverde ha señalado que “la desaparición del 60% de las furgonetas de reparto de mercancías en esta zona de la capital en un periodo corto de tiempo supondría un problema que obligaría, con toda seguridad, a tomar medidas verdaderamente excepcionales con carácter de urgencia, para retraer una decisión que ahora se ha impulsado al abrigo de criterios idealistas y nada realistas”.
ATA insiste en que no existe rechazo por parte de las organizaciones a proceder a la renovación de flotas, pero reclama un calendario más flexible y realista ante la imposibilidad de cumplir los plazos señalados y las graves consecuencias que podría acarrear para el abastecimiento de la ciudad. La incertidumbre prevalece en Madrid Central mientras se espera una posible apelación de esta sentencia.
