“Quemar todos los cartuchos”

Sánchez Torres (presidente de Ganvam) vuelve a poner el punto de mira en los talleres ilegales; habla de los 3.500 millones que ha perdido la posventa en seis años, de los 230 millones de “fraude a la Hacienda Pública” y de los más de 112 millones a la Seguridad Social. Esta vez ha querido hacer especial hincapié en el impacto medioambiental de esta actividad.

José Antonio Sánchez Torres“Más de una y más de dos han sido las veces en las que hemos aprovechado esta tribuna para alzar la voz contra la competencia desleal de los talleres ilegales; una lacra que parece que nos acompañará todavía tiempo hasta que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se decida a regular y poner coto con una norma de carácter estatal –como podría ser el borrador del Reglamento de Circulación- una práctica ilícita y con graves consecuencias sobre la seguridad vial y el medio ambiente.

En los últimos meses venimos hablando de las cuantiosas pérdidas que los talleres clandestinos generan al sector legalmente establecido. Estamos hablando de la friolera de 3.500 millones de euros en los seis pasados años, a los que hay que sumar más de 230 millones de euros anuales por fraude a la Haciendo Pública y más de 112 millones a la Seguridad Social.

Sin embargo, un capítulo en el que parece que incidimos menos, pero no por ello, menos importante es el medioambiental. Estos talleres clandestinos, que representan ya el 20% del total, es decir, unos 10.000 negocios de posventa al margen de la ley, se pasan por alto el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los residuos que genera su actividad.

Estamos hablando de hasta 38 tipos de residuos, unos inertes y otros peligrosos, que están sujetos a estrictas normativas que regulan su gestión y reciclado para garantizar que los procesos sean los adecuados y que se realicen a través de un gestor autorizado tal y como corresponde.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. En la actualidad, estos talleres o centros ilegales no solo no están cumpliendo con esta normativa ahorrándose los costes asociados a su cumplimiento -y, por lo tanto, favoreciendo una competencia desleal- sino que además están perjudicando gravemente nuestro entorno y poniendo en peligro la salud medioambiental.

No les mentiré si les digo que uno de nuestros directivos en Ganvam pudo contemplar con sus ojos, no hace mucho, cómo a primera hora de la mañana un ciudadano, ni corto ni perezoso, reparaba su vehículo en un parque público, dejando caer sobre el suelo libremente y sin control líquidos a cuál de ellos más tóxico.

Con este ejemplo, gráfico por realista, trato de explicar los motivos que nos han llevado hace apenas unas semanas a mantener una reunión con los altos cargos del SEPRONA. El objetivo es quemar hasta el último cartucho para conseguir luchar contra las reparaciones ilegales, en este caso a través de la puesta en marcha de un plan de acción basado en la coordinación de los ministerios de Interior, Industria, Agricultura, Hacienda y Trabajo. Todos ellos son parte implicada y, como tal, no pueden desentenderse de una práctica ilegal y clandestina. Las comunidades también están involucradas y deberían actuar con la decisión con la que lo hacen cuando inspeccionan a los talleres legales.

La teoría está clara y la práctica debe estarlo también. Con un plan de inspecciones regionales periódicas allí donde se tenga sospecha de estas irregularidades y centralizando las ventanillas de denuncias de las comunidades autónomas a través del Ministerio de Interior, ganaríamos en eficacia. También lo haríamos definiendo claramente el papel de los actores implicados en la resolución de cada caso (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Seprona, Agencia Tributaria, Trabajo), e intensificando los controles de los vehículos que no superen la ITV.

Terminar con los talleres ilegales es cosa de todos, también de la ciudadanía que debe concienciarse de los perjuicios de acudir a estos centros pirata tanto desde el punto de vista socieconómico –estamos hablando de economía sumergida, es decir, no declarada- como medioambiental y, sobre todo,  de seguridad vial. En casos como el que ahora nos ocupa, les garantizo que un bajo precio no justifica nunca ni el fin ni los medios. Tengámoslo en cuenta”.

Juan Antonio Sánchez Torres es presidente de Ganvam

Elring

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