La Comisión Europea ha puesto el foco en seis fabricantes de baterías para vehículos, a los que acusa de romper la normativa antimonopolio y pactar un aumento de precios de sus productos tanto para primer equipo como para posventa. De confirmarse la infracción, la multa podría ascender al 10% de la facturación anual de estos proveedores.
El pliego de cargos presentado por Bruselas apunta a la austriaca Banner, a las norteamericanas Clarios, Exide y FET (y a su predecesora Elettra) y a la rumana Rombat. Asimismo, la Comisión Europea ha incluido entre las partes implicadas a la asociación europea de fabricantes de baterías para automóviles e industria, Eurobat, así como a su proveedora de servicios Kellen. El objetivo de esta investigación es determinar si estas empresas han «creado, publicado y acordado» utilizar «nuevos índices en sus negociaciones de precios con los fabricantes de automóviles» (el denominado Eurobat Premium System) en el periodo comprendido entre 2004 y 2017.
Como decimos, a la Comisión también le «preocupa» que Eurobat y su proveedor de servicios Kellen fueran conscientes de esta presunta conducta y contribuyeran activamente a ella ayudando a los fabricantes de baterías a crear y gestionar el sistema Eurobat Premium.
El aftermarket, fuera
Las prácticas investigadas afectarían a las baterías de arranque para automóviles vendidas a los fabricantes para su uso tanto en vehículos nuevos como en el mercado del recambio, pero sólo las vendidas a través de la red de servicios oficiales de los concesionarios. Por lo tanto, queda fuera de la investigación el mercado de la posventa independiente.
Si se confirma la opinión preliminar de la Comisión, esta conducta infringiría el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo EEE, que prohíben los carteles y otras prácticas comerciales restrictivas. Esta prohibición incluye la conducta anticompetitiva de las asociaciones de empresas.
Si la Comisión concluye, después de que las partes hayan ejercido sus derechos de defensa, que existen pruebas suficientes de infracción, puede imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio mundial anual de cada una de las empresas. No existe un plazo legal para que la Comisión concluya las investigaciones antimonopolio, por lo que el procedimiento puede ir para largo…
