La existencia de talleres clandestinos supone un verdadero problema tanto para los empresarios, como para las administraciones y las fuerzas de seguridad. Así lo considera el secretario de la AESAT (Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres), Víctor Yenes, quien estima que “en Salamanca, igual que en España, alrededor de un 20% de los talleres establecidos son clandestinos. En Salamanca, dado que muchos centros de reparación están en pequeños pueblos de la provincia y se dedican a la maquinaria agrícola, calculamos que habrá unos 300 en toda la provincia. Si aplicamos ese 20%, habrá en torno a unos 60 ilegales”.
Yenes señala que el problema de los centros de reparación clandestinos es muy difícil de abordar debido a que tiene varias facetas: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la DGT, el medio ambiente y la seguridad vial.
De esta manera, según recoge el portal web El Norte de Catilla, el secretario de la asociación salmantina afirma que este tipo de negocios supone un fraude múltiple ya que, por un lado, afectan al consumidor porque “no hay facturas ni garantías sobre las reparaciones, con el riesgo que ello conlleva para el vehículo y la seguridad vial”. Con el agravante de que si las reparaciones fallan, no hay a quién reclamar.
Por otro lado, suponen un fraude tanto para la Seguridad Social -ya que estos negocios no suelen estar dados de alta- como para la Agencia Tributaria -debido a que no cotizan en ninguna parte-. Además, como acentúa Yenes, a esto se le añade que los talleres clandestinos no gestionan los residuos de manera adecuada para el medio ambiente ni cumplen con la normativa laboral ni de prevención de riesgos laborales.
Por este motivo, desde las asociaciones se pide más coordinación de los ayuntamientos, el Seprona, la Seguridad Social, Hacienda… Yenes añade que son necesarios más medios de la administración para luchar contra esta lacra existente en el sector de la automoción.
Asimismo, los empresarios señalan que actualmente las ITV tienen un resquicio legal que habría que cerrar: según la ley, un coche rechazado en una ITV debe presentar un documento -una factura de un taller o un certificado del propietario diciendo que lo ha reparado él mismo- que certifique que ya está reparado para poder volver a presentarse. Bajo este marco, la AESAT considera que la norma debería exigir una factura de un taller legal, como medida empezar a atajar el problema.
Por su parte, la asociación salmantina hace especial hincapié en la dificultad de denunciar a los talleres ilegales y más aún en el ámbito rural. No obstante, Yenes asegura que los conductores y empresarios tienen a mano un arma en forma de buzón anónimo. Así, Cetraa dispone de una ‘sala de denuncias’ en su web donde cualquiera puede informar sobre la existencia de un taller fraudulento. De este modo, cuando se recibe un posible aviso, se investiga al presunto defraudador y, si se descubre que se trata de una empresa irregular, se comunica a la administración.
Lo barato puede salir muy caro…
Los negocios ilegales “parecen más baratos pero salen más caros. Al no pagar impuestos ni gestión de residuos ni riesgos laborales, ofrecen un precio más barato y desleal”, señala Yenes. A pesar de que la crisis económica ya ha acabado -en cuya época el problema de los clandestinos repuntó mucho-, las empresas de reparación de vehículos aún padecen las consecuencias. “La rentabilidad de los talleres tras la crisis es muy justa y la amenaza sigue. Si no puedes bajar precios” para competir contra unos ilegales que no pagan ningún impuesto “estás abocado al cierre”, explica Víctor Yenes.
Por otro lado, los empresarios hacen hincapié en el peligro para la seguridad que supone dejar el coche en manos de un taller clandestino. “Si la revisión del vehículo, que es algo esencial para la seguridad vial propia y ajena, se deja en manos de alguien no formado correctamente y que trabaja de forma ilegal, se corren unos riesgos importantes”, afirma Yenes. Por eso, desde la asociación salmantina recomiendan que los vehículos “se reparen donde quieran, pero que sean [talleres] legales porque van a saber lo que hacen y van a estar capacitados para reparar y mantener el vehículo y sus equipamientos”.
Por último, el secretario de AESAT recuerda que al acudir al taller para reparar un coche, el conductor tiene derecho a saber de dónde proceden las piezas. Y en uno clandestino no se sabe de dónde vienen los recambios o si la maquinaria que usan es fiable o no.
