CIRA, patronal de recambistas de Cataluña, junto a Fecatra, asociación catalana de talleres, vuelve a solicitar a la Generalitat la ampliación de ayudas para que distribuidores y talleres sean incluidos dentro de las empresas que pueden disfrutar de las medidas de apoyo económico extraordinario para negocios que se han visto afectados por el covid.
En su página web, la patronal de recambistas asegura que el pasado 29 de marzo CIRA y Fectara mandaron una carta conjunta a la Generalitat solicitando dichas ayudas, que se establecen según el Real Decreto ley 5/2021 del pasado 12 de marzo, y son de entre 4.000 y 200.000€ y se dan a empresas que acrediten una bajada en la facturación del 2020 en relación al 2019 de (al menos) un 30%. Pero entre los CNAE listados en dicho Real Decreto no se incluye el del Grupo 45, que engloba la actividad de talleres y distribuidores.
La comunicación realizada por ambas asociaciones fue respondida por Montserrat Vilalta directora general de Comercio de la Generalitat, asegurando que se trataba de un asunto cuya regulación dependía del Gobierno Central y que la Generalitat intentaría que esto se modificara expresando su opinión en todos los foros en los que estuviera presente.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de abril que las Comunidades Autónomas puedan establecer directamente qué CNAEs pueden disfrutar de las ayudas. Por este motivo, CIRA y FECTRA han vuelto a dirigirse a la Generalitat para solicitar su inclusión como colectivos empresariales afectados por la crisis del covid.
«Los argumentos de la nueva carta no difieren a grandes rasgos de los de la primera carta enviada y abundan en el sentido de que no hay razones objetivas para discriminarnos y no ayudar a empresas de nuestros sectores que hayan sufrido caídas de facturación del 30% o más», destacan desde CIRA.
«Además», continúan: «el hecho de que en las actividades de distribución de recambios y reparación de automóviles haya un gran número de pymes, micropymes y autónomos, impide recurrir a los ERTOs salvo en caso de cierre total de las instalaciones. Una vez volvimos a la actividad, tuvimos que recuperar a nuestras plantillas para asumir el nivel de servicio que se nos exigía, pero no hemos tenido herramientas para modular correctamente la relación demanda de servicios/fuerza laboral disponible. El resultado ha sido una inevitable caída de la facturación que amenaza en muchos casos la supervivencia de los negocios», concluyen.
La Generalitat con la excusita de siempre para su incompetencia, todo es culpa del Gobierno Central, ahora que ha quedado claro que la decisión la toman las Comunidades a ver qué dicen. Supongo que será culpa de los Reyes Magos o del Ratoncito Pérez.