En el marco de los diálogos estratégicos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ambas organizaciones han firmado una carta conjunta que marcará la dirección de la próxima reunión, que tendrá lugar el 12 de septiembre. El documento, firmado por Matthias Zink (Clepa) y Ola Källenius (ACEA), recalca que el sector está dispuesto a invertir en las tecnologías necesarias para descarbonizar el transporte, pero insiste en que el marco actual no garantiza que la industria europea pueda competir en igualdad de condiciones.
Entre los problemas que señalan destacan la dependencia casi total de Asia en la cadena de valor de las baterías, una infraestructura de recarga que avanza de manera desigual, costes de producción elevados (incluida la electricidad en la ecuación) y barreras comerciales como el 15% de arancel que grava las exportaciones de vehículos de la UE hacia Estados Unidos.
Lo que piden
Desde la perspectiva de los fabricantes y proveedores, el actual marco regulatorio carece de la flexibilidad y la visión industrial necesarias. Por eso reclaman un paquete de medidas que incluye:
- Incentivos a la demanda más fuertes, desde ayudas directas a la compra hasta reducciones fiscales y menores costes de recarga.
- Neutralidad tecnológica como principio rector, para que convivan todas las opciones que contribuyan a la descarbonización: eléctricos, híbridos enchufables, motores de combustión de bajas emisiones, hidrógeno o combustibles sintéticos.
- Reconocimiento del papel de los híbridos enchufables (PHEV), advirtiendo de que un endurecimiento del “factor de utilidad” podría dar ventaja a competidores extracomunitarios.
- Políticas industriales más sólidas, que refuercen la resiliencia de las cadenas de suministro en materias primas, semiconductores y baterías.
- Revisión acelerada de las normas de CO₂ para camiones y autobuses.
En definitiva, ACEA y Clepa alertan de que los objetivos climáticos fijados para 2030 y 2035 “ya no son factibles” con el marco regulatorio actual. Y plantean el encuentro del próximo 12 de septiembre como “la última oportunidad” para alinear las metas ambientales con la realidad industrial.
El trasfondo es claro: la industria europea quiere seguir liderando la movilidad del futuro, pero advierte de que, sin medidas que protejan su competitividad y capacidad productiva, la transición verde podría traducirse en deslocalización, pérdida de empleo y debilitamiento de la cadena de valor.
Veremos si el mensaje no cae en saco roto…
