El Gobierno quiere prohibir la venta cualquier tipo de motorización que no sea eléctrica a partir de 2040, y poner fin a la circulación del resto de vehículos en 2050.
Es la noticia del día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado la propuesta de Ley de cambio climático y transición ecológica que prevé fomentar las renovables y prohibir el ‘fracking’, e incluye el veto a la venta de todo tipo de motorización que no sea eléctrica para 2040, y la prohibición de la circulación de vehículos gasolina, diésel, híbridos y gas natural en 2050. Tal y como informan desde elpais.com.
Una Ley, dicen, con la que, en la línea de países como Reino Unido y Francia, pretenden cumplir con los compromisos internacionales contra el calentamiento global. Y es que, según la misma fuente, el 26% de todos los gases de efecto invernadero de España proceden del transporte, principalmente, el que se hace por carretera. Y las previsiones del Gobierno indican que, si no se toman medidas, esas emisiones crecerán un 15% de aquí a 2030.
Quieren que para esa fecha las emisiones de España sean de 230 millones de toneladas de CO2 equivalente, la medida que se utiliza para los gases de efecto invernadero, frente a las 339 millones de toneladas actuales. Esto supone un 20% de reducción respecto a los niveles de 1990, y 60 millones menos de toneladas del objetivo de la Comisión Europea establecido para los veintiocho en 2030.
Mucho trabajo por hacer
Se trata de un proyecto de Ley que deberá negociarse en el Congreso, donde el PSOE no tiene mayoría, antes de final de año. Además, hay que tener en cuenta que en España hoy sólo circulan 46.500 vehículos eléctricos, de los que unos 11.000 son turismos, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). El año pasado se matricularon en nuestro país 1.234.000 turismos, de los cuales 4.106 son eléctricos puros y 3.342 híbridos enchufables.
Cifras muy bajas a las que se suman otros inconvenientes, como la falta de infraestructura e incentivos de compra de este tipo de vehículos. Hoy sólo existen unos 160 puntos de recarga pública rápida y en torno a 5.000 en lugares como gasolineras u otros establecimientos comerciales del sector terciario. Una red escasa frente a las 11.000 gasolineras, y a pesar de que el borrador del texto incluye la obligación de instalar puntos de recarga eléctricos en las gasolineras en diferentes plazos en función del volumen de ventas, sin embargo, no los especifican.
Las reacciones no se han hecho esperar…
Anfac, patronal de fabricantes de automóviles, ha rechazado “de pleno” la propuesta de Ley del Gobierno, considerándola una iniciativa “excesiva en sus planes y acelerada en sus plazos” y que no respeta “la neutralidad” respecto a las diferentes motorizaciones por las que ha optado la UE. No conocían hasta hoy los planes del Ejecutivo, pero aseguran que ampliar la actual cuota de vehículos eléctricos hasta el 25% podría suponer una reducción del 11% en el empleo actual de la industria de la automoción y del 18% si se alcanza el 40%.
“Si se aprueba la prohibición en 2050, requerirán un potente plan de achatarramiento de unos 15 millones de vehículos”, sostiene por su parte Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, patronal de concesionarios.
En la misma línea, Sernauto ha solicitado al Gobierno una estrategia-país para caminar hacia la descarbonización contando con todos los actores implicados que permita mantener los niveles de empleo y competitividad de nuestras empresas, tal y como se está haciendo en Alemania, Francia y Reino Unido. “Una apuesta disruptiva únicamente por el vehículo eléctrico podría destruir una industria tan relevante en nuestro país, poniendo en peligro miles de empleos y la atracción de inversiones extranjeras».
