Los talleres ilegales son uno de los males a los que se enfrenta el sector. Ya no solo se trata de un problema a nivel empresarial, sino que son una lacra para la sociedad que afecta a todos. Y es que es un problema que trasciende nuestro sector, porque cada año, la actividad de estos pseudo profesionales supone un fraude para Hacienda de 230 millones de euros y de 113 millones a la Seguridad Social; por no hablar del grave perjuicio que provoca a la seguridad de todos los conductores ni de la competencia desleal que emprenden frente a los talleres que desarrollan su actividad legalmente y asumiendo los costes que suponen abrir la puerta de su negocio cada día.
Y no son pocos los talleres clandestinos en nuestro país. Ya lo advertía Cetraa, Confederación Española de Talleres, cuando estimaba que en España hay más de 9.000 talleres ilegales, que aproximadamente suponen el 20% del total. Solamente en los últimos doce meses la Policía Nacional en Andalucía, tal y como ha comunicado a través de sus redes sociales, ha denunciado a 62 talleres ilegales en Huelva por no disponer de licencia y autorización para ejercer la actividad de mantenimiento y reparación de vehículos que estaban desarrollando.
Por si fuera poco, en el último año, el cuerpo también ha denunciado a otras cinco personas más por reparar vehículos en la vía pública por encargo, en talleres improvisados «al aire libre», y en los que también se encontraron productos tóxicos, como aceite derramado.
