El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que determina la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y restringe la circulación a los vehículos más contaminantes. Así, la sala de lo contencioso, ha aprobado el recurso presentado por ciertas asociaciones, entre la que se encuentra el Gremi de Talleres de Barcelona, en el que se rechaza la medida de Ada Colau.
Las restricciones se aprobaron el 31 de diciembre de 2019 y comenzaron a aplicarse el 1 de enero de 2020. Fue a partir de entonces cuando el acceso a Barcelona quedó reducido a los vehículos con la etiqueta B y cuando se impusieron multas para los vehículos sin etiqueta, considerados los más contaminantes.
No obstante, las restricciones seguirán aplicándose porque ninguno de los demandantes han solicitado que la anulación entre en vigor de forma inmediata. El TSJC está a la espera de recibir el recurso del Ayuntamiento para resolver definitivamente el asunto.
Los recursos han sido presentados por la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, el Gremi Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Automóviles y la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte.
Unas restricciones desproporcionadas
El TSJC reconoce la elevada contaminación de la zona, pero duda «si las restricciones adoptadas son proporcionadas”, informan desde La Vanguardia.
El tribunal recuerda que en otra ocasión ya se adoptaron medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Sin embargo, la aplicación de la ZBE tuvo un «impacto relativo»: la concentración de la contaminación en Barcelona se redujo un 3% en el primer año de aplicación y un 7% a partir de 2021.
La sala de lo contenciosos no solo considera que la medida que propone el Ayuntamiento de Barcelona es demasiado restrictiva, sino que también tiene vocación progresiva (que se ampliará en el futuro) y que no cumple con la coherencia, proporcionalidad y motivación suficientes que exige la ley a las administraciones en el momento de regular a los ciudadanos, según han informado desde el Gremi de Talleres de Barcelona.
Asimismo, los jueces también creen que el impacto de la medida es «negativo» en los propietarios que tengan un nivel adquisitivo inferior como para renovar su vehículo: «Es indudable que los más afectados son los colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo por uno con distintivo ambiental y pretenden seguir circulando por Barcelona”. Subrayan que a la hora de plantear la ordenanza “no se han valorado lo suficiente las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse para los titulares de un vehículo sin distintivo ambiental”, y que tampoco “se valoran medidas alternativas o menos restrictivas”.
Una justificación insuficiente
En este contexto, el tribunal cree que la ZBE debe justificarse mejor. Ahora, las restricciones planteadas tienen “carácter general y uniforme” y no puntual, tal y como tenían anteriormente en las zonas de alta contaminación donde se habían establecido restricciones.
