Las zonas de bajas emisiones de Madrid capital (restricciones a vehículos A de no residentes), se encuentra ya plenamente operativas también en lo relativo a las sanciones tras un periodo inicial de simples notas informativas. Desde el 1 de marzo el Ayuntamiento multará a aquellos turismos no autorizados (todos aquellos ‘no residentes’ en Madrid) que accedan en el interior de la M-30; desde el pasado 22 de febrero lo hace a todos aquellos no autorizados que lo hagan en la zona de Plaza Elíptica.
Y es algo que evidentemente afecta de forma directa a los talleres, ya que la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid no recoge la posibilidad de que los talleres tramiten autorizaciones para el acceso de los vehículos de sus clientes.
A pesar de las peticiones que Asetra ha venido realizando en este sentido durante los últimos meses, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid en el que se trató este tema a finales de 2021, la mayoría de los grupos políticos se mostró contraria a lo solicitado por la patronal madrileña, “a pesar de que nuestra asociación alertó sobre los graves perjuicios para las empresas del sector”, destacan en un comunicado.
Asetra aconseja a los talleres afectados que lleven un estricto registro de las incidencias prácticas que esto supone en su quehacer diario: vehículos a los que tienen que renunciar, sanciones a sus clientes y cualquier otra circunstancia que dificulte su tarea por la aplicación de las normas municipales.
Y es que la asociación tiene previsto presentar al Ayuntamiento un informe de impacto real en sus talleres asociados y necesita que nos transmitan dicha información para realizarlo. Sea como fuere, por ahora la situación para aquellos talleres ubicados en estas zonas se complica sobremanera…
A los políticos municipales – auténticos burócratas de la prohibición- que han reactivado Madrid Central poco les importa si los talleres pierden clientes y éstos, por no tener dinero para comprar un carísimo coche de bajas emisiones o eléctrico, no pueden circular por las zonas de bajas emisiones. Es injusto y arbitrario, perjudicando a las personas con menos recursos.