First Brands Group ha agotado su última bala para evitar la liquidación. El tribunal de quiebras de Houston ha rechazado el plan con el que la compañía pretendía hacer frente a sus acreedores y ha ordenado convertir el procedimiento del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras -que permite a las empresas reorganizarse bajo la protección de la ley norteamericana- en una liquidación bajo el Capítulo 7.
La decisión del juez Christopher Lopez, conocida este lunes, supone el fracaso definitivo del intento de mantener a flote un grupo que llegó a controlar marcas como Trico, Autolite, FRAM, Philips o Airtex y que amagó con comprar Magneti Marelli a principios de 2023.
El plan rechazado había sido negociado entre First Brands, sus principales prestamistas y otros acreedores, y pretendía utilizar futuras recuperaciones judiciales para hacer frente a las enormes obligaciones acumuladas por la compañía. Sin embargo, el juez consideró que la propuesta no podía ser aprobada, entre otros motivos porque aplazaba el pago de al menos 222 millones de dólares en deudas administrativas generadas durante el propio proceso concursal.
Un plan que dependía de los litigios
La propuesta contemplaba la creación de fondos de litigios que permitieran financiar demandas contra antiguos directivos, el fundador de la compañía, Patrick James –acusado de fraude y que enfrenta causas con penas que van de 20 años a cadena perpetua-, y otras personas y entidades relacionadas con las operaciones de financiación de First Brands.
La estrategia tenía como objetivo recuperar dinero que, según las investigaciones y reclamaciones vinculadas al proceso, habría salido de la compañía antes de su bancarrota. El Financial Times sitúa en más de 25.000 millones de dólares el volumen de reclamaciones relacionadas con esos fondos.
El problema para el tribunal era que la propuesta dependía de recuperaciones futuras e inciertas. Según explicó Lopez, los litigios tendrían que generar alrededor de 1.900 millones de dólares antes de que pudieran quedar completamente satisfechas las reclamaciones administrativas, que tienen prioridad en el procedimiento concursal.
Los acreedores que se oponían al plan y el organismo de supervisión concursal del Departamento de Justicia también cuestionaron que las demandas pudieran generar una recuperación significativa, especialmente frente a personas como el propio Patrick James y su hermano Edward, acusado también de delitos de fraude.
El juez también señaló otros problemas técnicos y jurídicos de la propuesta, relacionados con la venta de los derechos de litigio y con la posibilidad de que los propios prestamistas que habían financiado First Brands durante la bancarrota utilizaran su posición acreedora para pujar por esos derechos.
La falta de liquidez aceleró el colapso
La situación financiera con la que First Brands llegó al proceso concursal ayuda a explicar la dificultad de encontrar una salida. La compañía se declaró en bancarrota con apenas 14 millones de dólares en efectivo y más de 9.000 millones de dólares en pasivos, según el tribunal.
Durante el procedimiento obtuvo otros 1.100 millones de dólares de financiación de sus prestamistas existentes. Sin embargo, consumió la mayor parte de ese dinero ya en enero, lo que obligó a la compañía a recurrir a anticipos de algunos de sus principales clientes para mantener su actividad, entre ellos Ford y General Motors, como publicamos a finales de enero de este mismo año.
La búsqueda de un comprador para el conjunto del grupo tampoco dio resultado. El proceso de venta permitió desprenderse únicamente de algunos negocios, generando una cantidad muy inferior a las necesidades financieras de la compañía -en abril publicamos la venta de las marcas Autolite, Fram, Trico, Anco, LuberFiner y StrongArm por apenas 25 millones de euros, una cifra a todas luces insuficiente para reflotar la empresa-.
El juez ha reconocido que el proceso de ventas no había conseguido los precios que se esperaban obtener.
Casi 2.000 millones de nuevas obligaciones
La falta de una solución durante los casi once meses transcurridos bajo el Capítulo 11 agravó todavía más el problema. Además de los más de 9.000 millones de dólares de deuda con los que First Brands inició el procedimiento, la compañía acumuló cerca de 2.000 millones de dólares en nuevas obligaciones administrativas durante su permanencia bajo protección concursal, según el Financial Times. El plan pretendía que estas cantidades fueran satisfechas con los ingresos procedentes de los litigios en los próximos años.
El juez consideró que ese aplazamiento no era compatible con las exigencias de la legislación concursal, especialmente cuando la fuente de los fondos para pagar esas obligaciones dependía de demandas cuyo resultado y cuantía eran inciertos.
La conclusión del tribunal supone, por tanto, que la vía de reorganización ya no ofrece una salida viable para First Brands. El caso pasa ahora a una liquidación bajo el Capítulo 7.
Qué implica el Capítulo 7
La conversión al Capítulo 7 modifica sustancialmente la gestión del procedimiento. Frente al intento de reorganización desarrollado durante el Capítulo 11, será ahora un administrador concursal designado por el tribunal quien gestione la liquidación y los activos restantes.
La decisión también deja abierta una cuestión relevante: qué ocurrirá con las demandas que constituían el elemento central del plan rechazado. La propuesta pretendía que los prestamistas sénior financiasen un fondo específico para perseguir judicialmente a antiguos responsables y otras entidades relacionadas con las operaciones financieras de First Brands.
Con la liquidación bajo el Capítulo 7, el futuro de esas acciones judiciales queda pendiente de determinar. Su desaparición podría perjudicar especialmente a los acreedores subordinados, algunos de los cuales afrontan el riesgo de no recuperar cantidad alguna.
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