La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, actualmente en fase de audiencia pública. Lo ha hecho con el respaldo de la CEOE y con una propuesta clara: ampliar en 12 meses la garantía legal cuando el consumidor opte por la reparación en lugar de la sustitución, pero solo si se limita a dos años el plazo legal de garantía en vehículo nuevo, en línea con la directiva europea.
España es una excepción en el marco europeo, al establecer un plazo legal de garantía de tres años, un año más que el estándar comunitario. Ganvam considera que esta ventaja para el consumidor no fue objeto de debate sectorial, ya que se aprobó mediante Real Decreto-ley, sin tramitación parlamentaria ni participación de los agentes implicados. Por ello, propone una revisión del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.
La propuesta contempla que el empresario sea responsable de las faltas de conformidad durante un plazo de dos años desde la entrega del vehículo, ampliables en una única ocasión durante 12 meses si el usuario opta por reparar el defecto en lugar de sustituir el producto. Esta extensión, según Ganvam, debería limitarse exclusivamente al defecto reparado, sin afectar a otros elementos del vehículo.
Un precio de reparación justo
En el caso de los vehículos de segunda mano, la patronal defiende mantener la posibilidad de pactar contractualmente el periodo de garantía, siempre que no sea inferior a un año desde la entrega. Además, recuerda que en este tipo de operaciones no existe el derecho a sustitución, y reclama que las reparaciones se ajusten al valor del vehículo aplicando el principio de proporcionalidad.
“El sector está plenamente comprometido con la economía circular y el consumo sostenible, pero es necesario encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor y la viabilidad económica de los negocios”, ha declarado Jaime Barea, presidente de Ganvam.
El Anteproyecto transpone al ordenamiento jurídico español las nuevas directivas europeas sobre el derecho a reparar y el empoderamiento del consumidor para la transición ecológica, cuyo objetivo es combatir prácticas como la obsolescencia programada y reforzar la protección medioambiental.
