Así lo ha trasladado la patronal de la distribución -en colaboración con la patronal de agentes y servicios oficiales Fagenauto- a la Comisión Europea en el proceso de consulta pública abierto para revisar el reglamento que regula los acuerdos verticales -Reglamento 330/2010- y que expirará el próximo mes de mayo, en medio de un contexto marcado por cancelaciones masivas de contratos de venta y posventa (Caso Stellantis) o sentencias que reconocen la posición de dominio de determinadas marcas sobre sus redes (Caso Büchl en Austria).
En sus alegaciones, Ganvam pone de manifiesto que las condiciones contractuales tienen un impacto en la competencia y defiende la necesidad de “un marco regulatorio capaz de proporcionar seguridad jurídica a las inversiones que las redes de distribución se están viendo obligadas a acometer para adaptarse al nuevo entorno digital y a la venta online”. En este sentido, considera que la legislación debe acotar el poder de los fabricantes de forma que, si asumen parte del volumen de ventas, redefinan las exigencias que imponen a sus redes y compensen las inversiones no amortizadas para no comprometer su futuro.
De distribuidores a agentes
La patronal de la distribución pone como ejemplo el impacto que tendría para una red de distribuidores que ya haya realizado las inversiones dictadas, pero que se vea afectada por la cancelación, continuando su relación contractual con la marca como agentes. En este caso, para el director corporativo de Ganvam, Jaime Barea, “dado que el agente genuino no puede soportar riesgo financiero ni comercial, debe recibir compensación por la inversión ya realizada y aprovechada ahora en la nueva red de agentes; una compensación que debe diferenciarse de la remuneración o comisión entregada como agente”.
Además de una mayor protección al distribuidor, la patronal aboga también por ejercer un control sobre los precios duales, permitiendo que haya diferencias en función del canal online y offline, siempre que los distribuidores cuenten con unas condiciones de aprovisionamiento adecuadas, “evitando que los fabricantes puedan vender online al consumidor final a un precio que el distribuidor no pueda ofrecer usando el mismo canal”.
Acceso a los datos del vehículo, libre para todos
En sus alegaciones, Ganvam también llama la atención sobre la importancia del acceso abierto y seguro a los datos que genera el vehículo para garantizar la libre competencia. Para la patronal de la distribución, todos los operadores del sector -y no sólo los fabricantes- deben tener la oportunidad de desarrollar propuestas de valor basadas en ventas y reparaciones predictivas, diagnósticos en remoto o servicios por suscripción, garantizando precios más competitivos y favoreciendo al consumidor.
Según Barea, “la normativa de 2010 debe actualizarse para dar respuesta a un contexto que ha cambiado las reglas del juego y en el que tendencias como la digitalización, la electrificación o la nueva movilidad transforman el modelo de distribución, pero no debe hacerlo debilitando todavía más la posición del distribuidor, ya mermada por la desequilibrada relación con la marca ante la ausencia de un marco regulatorio específico que lo ampare”.
