Nada parece que pueda frenar la decisión de Bosal de echar el cierre a su fábrica de tubos de escape de Pedrola (Zaragoza), abierta en 1991 para suministrar a la planta de Opel. Esta decisión llega después de que la multinacional neerlandesa perdiera recientemente el contrato con Volkswagen -no finalizaba hasta 2026-, que proporcionaba el 80% del trabajo de la planta.
La fábrica de Bosal en Pedrola ya estuvo contra la espada y la pared en el año 2018, cuando perdió el contrato para el suministro del Opel Corsa, que suponía el 70% de su actividad. Volkswagen llegó en ese momento a salvar los muebles de una compañía que tres años antes, a principios de 2015, decidía cerrar su fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia), dejando en la calle a 222 trabajadores.
Ahora son 131 los empleados afectados por el ERE de extinción presentado por la compañía, que asegura que no tiene dinero para hacer frente a las indemnizaciones. Un hecho que David Chico, presidente del comité de empresa de Bosal -de CC.OO.-, considera «injustificable».
Las negociaciones, en punto muerto
Así lo aseguraba ayer, 7 de agosto, ante los medios congregados a las puertas del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde más de cien trabajadores de la planta de Bosal en Zaragoza se manifestaron para reclamar una salida digna para las 131 familias afectadas por el cierre tras reunirse con la dirección de la empresa.
En esta reunión, la dirección de la multinacional neerlandesa reiteraba su falta de liquidez para afrontar el pago de las indemnizaciones y anunciaba que está realizando inventario del material existente en la planta para conseguir liquidez a corto plazo: «Se han estado sacando materiales ya fabricados para venderlos y poder hacer más caja y se ha tratado de devolver todo el material que no se había usado a los proveedores», indicaba el sindicalista al Heraldo.
Piden la acción del Gobierno de Aragón
Ambas partes volverán a reunirse la próxima semana en el SAMA para buscar una salida a la situación. «Queremos que en esta gestión se implique el Gobierno, que controle y vigile la forma de actuar de la dirección de la planta», añadía Chico en declaraciones recogidas por Cope. En este mismo sentido, Isabel Lasobras, diputada y secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), ha pedido que el Gobierno de Aragón se implique para «tratar de que la multinacional por lo menos pague».
Álvaro Sanz, coordinador de IU, declaraba ante Heraldo que la actitud de la compañía es «absolutamente inaceptable» y pedía al Gobierno de Aragón que tome medidas para «garantizar que la transición al coche eléctrico sea justa para los trabajadores porque se está precarizando muchísimo el sector industrial en Aragón».
Si la negociación no llega a buen puerto, la única salida para los trabajadores es acudir al Fondo de Garantía Salarial, que asumirá el pago de una parte de la indemnización, pero que nunca alcanzará la cantidad correspondiente si se tuviera en cuenta el sueldo y la antigüedad de los empleados.
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