La Asamblea General de Adine, celebrada el 8 de abril en la sede de CEOE, concluía con el discurso de Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), organización en la que está integrada la propia Adine, pero también Sernauto, Ancera, Ganvam o Faconauto.
De Miguel comenzaba su intervención poniendo en valor “la unidad empresarial” y cargando contra la “sobrecarga regulatoria” que a su juicio enfrentan las pequeñas y medianas empresas de nuestro país: “Uno de los grandes retos que tenemos es la regulación: muchas normas nos vienen de Europa, pero en España nos gusta complicarnos un poco más. El 60% de las empresas considera que una de sus principales barreras de crecimiento y sostenimiento es la burocracia y la normativa. Es un freno a la competitividad y el crecimiento de las empresas. Tenemos que hacer una regulación pensada en la pyme, no en la gran empresa. Europa es un continente de pymes y con esta sobrerregulación estamos haciendo que nuestras pymes estén desapareciendo o haciéndose más pequeñas”.
Mostraba preocupación también por la “escasez de mano de obra” y de “relevo generacional”, un desafío que es mayor -añadía- cuando hablamos de absentismo laboral: “El absentismo nos ha costado 33.000 millones en 2025: 16.000 millones los hemos pagado las empresas y el resto, todos los ciudadanos españoles, es decir, los mismos”.
A pesar de los números, para De Miguel el problema no es únicamente económico: “Hay que tener en cuenta el problema organizativo de las pymes porque si tienes cuatro empleados y te falla uno, te falta el 25% de tu plantilla”. Para la presidenta de Cepyme, una solución pasaría por inspeccionar el motivo y la duración de las bajas –“igual que se inspecciona todo”, ya que en España tenemos “casi el doble de absentismo que el resto de la Unión Europea”, decía. Sin embargo, no era optimista: “Con la administración estamos teniendo muchos problemas en ese sentido”.
Concluía De Miguel apelando a la unidad “en este momento de incertidumbre” porque estar más unidos “es la forma de que se escuche la voz de la pyme”, defendía. “Todos juntos tendremos que luchar por un marco regulatorio más equilibrado y una fiscalidad más razonable”.
Pedía también “hacer pedagogía” para mostrar la carga fiscal que soportan tanto las empresas como los propios trabajadores: “Se dice que el salario mínimo son 1.200 euros, pero nosotros pagamos 1.900. Que al empleado le lleguen 1.200 no es una decisión de la empresa, sino del Estado. Y esas cosas hay que contarlas. El ciudadano quiere tener una empresa cerca porque tener un taller cerca de casa le hace la vida más fácil, pero cada vez nos lo ponen más difícil”.
