Desde enero de 2023 entraron en vigencia las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, una medida que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer áreas de circulación restringida para aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental. Esto incluía a los vehículos a gasolina anteriores a enero de 2000 y a los diésel anteriores a 2006 que no cumplían con ninguna normativa anticontaminación (Euro 3, Euro 4 o Euro 5).
Un año después, Madrid ha decidido incrementar las restricciones para los vehículos ‘más contaminantes’, ampliando el radio de acción de la ZBE a todo el término municipal de la capital: desde el pasado 1 de enero los automóviles sin etiqueta medioambiental ya no tienen permitido ingresar a la ciudad. A pesar de la dureza de la medida, existen excepciones, como los vehículos sin etiqueta medioambiental empadronados en Madrid o aquellos que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital. La medida tampoco afecta a vehículos de carga ni a motocicletas sin etiqueta.
Multas de 200 euros
El próximo 14 de enero marca el fin del ‘período de gracia’ para que los vehículos que incumplen la norma eviten sanciones. A partir del lunes 15 de enero, los coches sin etiqueta medioambiental que circulen por la M-30 y su perímetro serán sancionados con una multa de 200€ (100€ por pronto pago) mientras que, para los vehículos que circulen fuera del perímetro de la M-30 el período de transición se extenderá hasta el 30 de junio. Durante este lapso, los conductores captados por las cámaras violando la norma no recibirán multas, pero sí un aviso. Sin embargo, podrían ser sancionados si son detenidos por un agente de la autoridad.
Primeras reacciones
La medida anunciada por el consistorio de la capital no ha estado exenta de controversia, y su funcionamiento ya ha sido cuestionado. La asociación para la defensa de los conductores Dvuelta, la misma que impulsó la derogación de Madrid Central, ha denunciado que la medida es ‘discriminatoria’, al prohibir «la circulación de hasta ocho millones de vehículos sin etiqueta en España, pero permitirlo a aquellos que pagan impuestos de circulación en la capital».
Pedro Javaloyes, responsable de comunicación de la asociación, argumenta que Madrid 360 afecta directamente a «400,000 coches sin etiqueta que deben ingresar diariamente a la capital». Javaloyes enfatiza que, si el objetivo es reducir emisiones, el criterio de acceso no puede estar relacionado con el lugar donde esos coches pagan su impuesto de circulación.
«Es discriminatoria», continúa Javaloyes, «pues justifica que quien paga contamina». Según la asociación, bajo las nuevas condiciones de Madrid 360, se demostraría que no es el nivel de emisiones el criterio básico para determinar quién entra y circula por las calles de la ciudad.
Por su parte, desde el Ayuntamiento señalan que desde la implementación de Madrid 360 «se ha contribuido notablemente a mejorar la calidad del aire», resaltando que «en 2022, por primera vez, Madrid cumplió con la directiva europea de calidad del aire». Planean repetir este logro en 2023, con «registros de dióxido de nitrógeno aún más bajos que el año anterior».
