El tema salió a la palestra en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado lunes, y ayer el director de la DGT, Pere Navarro, volvió a asegurar que en 2024 se implantarán peajes en las autovías de nuestro país «por imposición de Bruselas». Y ya saben que cuando el río suena… La realidad es que el plan para establecer un sistema de pago por uso lleva estudiándose desde hace una década, pero todo parece indicar que hemos entrado en la fase final para su puesta en marcha por mucho que lo políticos lo desmientan -quizá precisamente eso sea la garantía de que efectivamente no hay marcha atrás-. Así están las cosas.
La propuesta surgió inicialmente durante el Gobierno de Mariano Rajoy -se encargaron como mínimo dos estudios, uno en 2012 y otro en 2018-, pero recibió un nuevo impulso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021. Ese mismo año, el Gobierno se comprometió con Bruselas en «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras» que entraría en vigor en 2024 para desbloquear uno de los paquetes de ayudas de los fondos Next Generation, aunque sin dar más detalles acerca de cómo se desarrollará la medida.
Y siguiendo con ese compromiso, el año pasado Ineco, empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, contrató a la consultora KPMG para que llevara a cabo un estudio de asesoría y consultoría jurídica en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras para avanzar en estos trabajos. Ayer, precisamente la titular de este ministerio, Raquel Sánchez, fue la primera en desmentir a Pere Navarro: «Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras». Blanco y en botella…
11.500 km afectados
Las carreteras afectadas serían las de la red del Estado, pero no todas -el Ministerio de Transportes gestiona 26.459 kilómetros de vías, que soportan el 52,5% del tráfico total y el 64,57% del tráfico de camiones-. En principio, la medida afectaría a 11.500 km de autopistas gratuitas, autovías y vías multicarril. El objetivo principal detrás de esta medida, según el Gobierno, es equilibrar las cuentas públicas y avanzar en el mantenimiento y la conservación de las carreteras. Y es que según un estudio de la Asociación Española de la Carretera, la red nacional de carreteras presenta un déficit de casi 10.000 millones de euros en conservación y mantenimiento, de los cuales las vías afectadas por estos nuevos peajes representarían alrededor de 3.261 millones de euros.
Eso sí, conviene también señalar la carga impositiva que ya soporta el sector del automóvil, uno de los principales contribuyentes a las arcas públicas -entre IVA, impuesto de matriculación, impuestos a los carburantes, impuestos municipales…-. Sólo el año pasado este sector generó al Estado unos ingresos de 39.177 millones de euros, de los cuales más de 24.000 millones provinieron de impuestos sobre los carburantes.
¿Cuánto nos costará?
Como decíamos anteriormente, el Gobierno no ha remitido a Bruselas ningún detalle acerca de su implementación o de las tarifas, pero ya se manejan varias alternativas. Hace dos años, el Ministerio de Transportes sugirió un precio de un céntimo por kilómetro, mientras que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) habló de cuatro céntimos. Por su parte, Seopan, la patronal de las concesionarias de autopistas, propuso un precio de nueve céntimos por kilómetro. Según estas propuestas, viajar en coche entre Madrid y Barcelona tendría un precio de entre 6,20 y 55,8 euros por trayecto -entre 12,40 y 111,60 euros la ida y vuelta-. Eso a falta de propuestas para el vehículo pesado y las posibles exenciones.
En cuanto al método de pago, se barajan dos opciones. La primera es a través de la conocida viñeta, que podría tener una validez semanal, mensual o anual, ya sea en forma de una pegatina visible en el vehículo o adquirida electrónicamente y vinculada a la matrícula del coche. En ambos casos, las cámaras de los diferentes tramos afectados leerían las matrículas para identificar aquellos vehículos que no estén al corriente del pago.
A largo plazo, se espera que el sistema de pago sea completamente electrónico, utilizando una red de cámaras que registren el recorrido total realizado por el vehículo, permitiendo así el cobro en función de los kilómetros realmente recorridos en lugar de una tarifa plana.
