La entrada en vigor del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma decretaba el cierre de numerosos negocios. Las ITV quedaban al margen de estas restricciones, saliendo la patronal que defiende los intereses de las estaciones de inspección apenas unas horas después de decretarse el estado de alarma para pedir al Gobierno que ordenara su clausura en toda España, acordando además la suspensión del plazo de caducidad de la ITV.
“El riesgo de contagio que existe en las estaciones de ITV es muy elevado debido al número de personas que acceden a las mismas”, decía AECA-ITV en un comunicado: “A ello debe añadirse que, en la actualidad, no existe prácticamente stock de EPIs para proteger tanto a los empleados como a los usuarios de los casi 500 centros de ITV, lo que imposibilitaría cumplir con las directrices de prevención y protección dictadas por el Ministerio de Sanidad”.
Y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha escuchado en parte los requerimientos de la patronal. En una carta enviada por el Ministerio del Interior se informaba a AECA-ITV de que “los plazos que imponga la Administración para efectuar inspecciones quedan suspendidos”. “Por tanto”, añadían, “durante este periodo la obligación de pasar inspecciones técnicas prescritas en la reglamentación queda suspendida, de forma excepcional”.
No se dice nada de la obligatoriedad de cerrar las estaciones, por lo que se entiende que la situación queda como estaba, pero es un paso adelante para que aquellas que deseen clausurar el establecimiento puedan hacerlo sin que eso suponga un perjuicio para los ciudadanos.
