Marelli queda en manos de sus acreedores y lanza su plan de rescate

Marelli ha iniciado una reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos con el objetivo de reducir su deuda -estimada en unos 4.500 millones de dólares, según Bloomberg-, estabilizar su liquidez y garantizar su viabilidad a largo plazo. Tras concluir el proceso de recepción de ofertas sin propuestas alternativas, Marelli quedará en manos de sus acreedores principales, entre ellos los bancos y fondos de inversión Deutsche Bank, Strategic Value Partners, MBK Partners, Fortress Investment Group y Polus Capital Management.

Cabe recordar que Marelli ya había atravesado una reestructuración previa en 2022, cuando el fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) -su propietario desde 2019 tras fusionar la japonesa Calsonic Kansei con la italiana Magneti Marelli- llegó a un acuerdo con acreedores para evitar la bancarrota después de acumular una deuda de 7.600 millones de dólares. Sin embargo, la situación volvió a agravarse en 2024 y 2025 en un entorno de elevado coste de capital, ralentización de la demanda y presión sobre los márgenes, poniendo la compañía de nuevo entre la espada y la pared.

Con este proceso voluntario iniciado en el tribunal de bancarrotas de Delaware, Marelli pretende transformar deuda en capital e incorporar nueva financiación que le permita continuar operando sin interrupciones. Es decir, los acreedores pasarán a tener el control de la compañía en una proporción similar a la deuda y tratarán de reestructurarla para ponerla a la venta en las mejores condiciones -con el proveedor indio Motherson como mejor posicionado para una futura adquisición-.

¿Qué significa que Marelli se haya acogido al Capítulo 11?

A diferencia del Capítulo 7 de la ley de bancarrota de Estados Unidos (liquidación total), el Capítulo 11 está pensado para empresas viables que necesitan alivio financiero temporal para reorganizar sus finanzas y salvar el negocio. No se trata de una quiebra al uso ni de un cierre inmediato, sino de un proceso de reestructuración.

De hecho, la ley permite a la empresa endeudada reorganizar sus cuentas y seguir operando con normalidad bajo supervisión judicial. Durante este proceso, la compañía está protegida legalmente frente a sus acreedores, a quienes propone un plan de pagos o de conversión de deuda en acciones, que es precisamente lo que ha ocurrido en el caso del proveedor.

La compañía se acogió a dicho capítulo el pasado 11 de junio, por lo que esa fecha marca un antes y un después: toda la deuda anterior queda congelada a espera de decisión judicial, mientras que la actividad posterior a la misma se mantiene sin cambios. En consecuencia, en la actualidad Marelli sigue funcionando con normalidad, atendiendo a sus clientes y manteniendo relaciones con proveedores. El plan contempla que los actuales acreedores -bancos y fondos- se conviertan en los nuevos propietarios de la empresa una vez finalice el proceso. En otras palabras: Marelli no desaparece, pero sí cambia de manos.

Para llevar a cabo este proceso de reestrucutración, la compañía se ha asegurado financiación por valor de 1.100 millones de dólares, de los cuales ya ha recibido 130 millones tras la aprobación de los denominados ‘second day motions’ por parte del tribunal -solicitudes que la empresa presenta poco después de su declaración de bancarrota-. Este capital -del que no hay un origen confirmado, pero que vendría necesariamente de alguno de los principales acreedores con la intención de mejorar el atractivo de la empresa- le permitirá cumplir con sus compromisos actuales y mantener el suministro habitual a fabricantes y clientes, así como las relaciones con proveedores, a los que se asegura el pago de servicios y bienes posteriores a la solicitud de bancarrota. Además, la compañía ha conseguido la aprobación para seguir pagando salarios y beneficios a sus empleados y continuar con los programas que sustentan su operativa.

Deuda a cambio de propiedad

El proceso contempla un acuerdo de reestructuración con aproximadamente el 80% de sus acreedores, que incluye la conversión de deuda en capital. Para cumplir con la normativa estadounidense, se abrió un periodo de 45 días para recibir ofertas superiores, pero este concluyó sin propuestas alternativas el 28 de julio. Esto significa que, salvo cambios inesperados, los actuales acreedores pasarán a ser los nuevos propietarios de Marelli en 2026.

El CEO de la compañía, David Slump, ha asegurado que esta transición fortalecerá la posición de Marelli y dotará a la empresa de la liquidez necesaria para seguir invirtiendo: “Estamos satisfechos con el progreso y seguimos firmemente comprometidos con nuestros clientes, proveedores y empleados. Nuestros futuros propietarios reconocen el valor de nuestro negocio y están comprometidos con su éxito a largo plazo”.

¿Y qué pasa en España?

Marelli cuenta con tres fábricas en nuestro país, todas ellas ubicadas en la provincia de Barcelona: Barberà del Vallès -electrónica-, Llinars del Vallès -iluminación- y Santpedor -tubos de escape-, además del propio negocio de posventa gestionado por Marelli Aftermarket Spain, afectado también por el Capítulo 11, al igual que el resto de las filiales del grupo en todo el mundo.

Tal y como ha podido saber AUTOPOS, la compañía sigue operando con normalidad en sus distintas ubicaciones, con las tensiones propias de la caída de la demanda que afecta a sus instalaciones productivas para primer equipo -que arrastran además las consecuencias del cierre de la fábrica de Nissan, uno de sus principales clientes, en la Zona Franca de Barcelona a finales de 2021-.

Sea como fuere, proveedores de Marelli en España han empezado a recibir notificaciones por parte de la Corte del Distrito de Delaware informando de la nueva situación de la empresa, una comunicación que no tiene por qué ser preocupante. Y es que según establece la ley estadounidense, la decisión del proveedor significa que no pueden pagar todavía las facturas anteriores al 11 de junio (fecha en la que se acogieron al Capítulo 11), salvo que el juez lo autorice. Esas deudas pasan a formar parte del procedimiento judicial y dependerá del plan de reestructuración si se pagan, cuándo y en qué porcentaje.

Sin embargo, sí pueden pagar con normalidad las facturas posteriores al 11 de junio, es decir, todo lo que se haya vendido tras la fecha de acogida al Capítulo 11. Estas facturas tienen prioridad y, por ley, deben pagarse siempre que el juez apruebe que la empresa siga operando, como ha ocurrido en este caso.

En definitiva, recibir esta carta no significa que se pierda automáticamente ese derecho de cobro, pero sí que queda congelado hasta que el proceso se resuelva -siempre y cuando la factura, por decirlo de alguna manera, lleve fecha anterior al 11 de junio-. Y lo que es más importante, lo que se venda o se facture a Marelli después del 11 de junio no está afectado por el procedimiento gracias a la protección que establece dicho marco legal.

Una historia reciente marcada por la deuda

Marelli es el resultado de la fusión en 2019 entre Calsonic Kansei y Magneti Marelli, tras la adquisición de esta última por parte del fondo de inversión KKR a FCA (ahora Stellantis). Desde entonces, la compañía ha sufrido importantes tensiones financieras que se agravaron durante la pandemia y se han mantenido en un entorno de elevada presión de costes y transformación tecnológica.

A pesar de haber implementado ajustes internos en los últimos años, la compañía ha reconocido que persiste un “déficit de capital circulante” que debía ser abordado estructuralmente. La operación actual responde a esa necesidad.